Entre las personas liberadas están el mayor de la Policía, Guillermo Solórzano; el cabo del Ejército, Salín Sanmiguel; el infante de marina, Henry López, y los presidentes de los consejos municipales de San José del Guaviare, Marcos Vaquero, y de Garzón, Armando Acuña, estos últimos acusados por las FARC por corrupción.

Las FARC señalaron, además, que con la decisión del procurador general de Colombia, Alejandro Ordónez, de inhabilitar por 18 años a Córdoba para ocupar cargos públicos por supuestos nexos con el grupo, se "pretendió su muerte política". "La sanción es inmoral e injusta, prejuiciada, y dictada por los más aviesos intereses políticos. El país nacional, que hastiado del guerrerismo del Estado, anhela paz, debe rodear a la senadora y acompañarla en su marcha resuelta tras este objetivo", señaló.

Asimismo, consideraron que el proceso jurídico iniciado a algunas personalidades en el país por presuntos vínculos con las FARC es una invención del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) "para desviar la atención sobre su responsabilidad penal" por los nexos de varios dirigentes políticos con grupos paramilitares.

"La decisión del procurador Alejandro Ordoñez es un verdadero esperpento jurídico y político, originado en la presión enfermiza, el odio y la retaliación del ex presidente Uribe, jefe indiscutible, impune hasta ahora, del paramilitarismo y la 'parapolítica' en Colombia", precisaron.