Aunque para el entonces presidente Carlos Menem se trató de un "accidente", la querella sostiene que se trató de un hecho doloso para entorpecer la investigación acerca de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La explosión, que además de 7 muertos, provocó cientos de heridos y multimillonarios daños materiales en los inmuebles de la ciudad.

El 5 de noviembre último la Sala II del máximo tribunal penal de la Nación anuló, por mayoría, un fallo de la Cámara Federal de Córdoba que había rechazado un planteo de prescripción de la causa y le ordenó que pronunciara nuevamente acerca de la posible extinción de la acción penal por prescripción, solicitado por dos de los imputados, los ex militares Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto. Cornejo Torino y Gatto afirmaron que, desde que fueron indagados en 1996, transcurrieron más de 12 años "el máximo de la pena que podrían recibir", sin que se realizaran actos procesales que hayan interrumpido el plazo de prescripción.