La decisión judicial se toma a "efectos de que el interventor que designará el Tribunal realice un monitoreo e informe sobre los modos en que el servicio se presta en las villas de emergencia, asentamientos y barrios pobres de la ciudad, incluidos en el expediente".

En la audiencia que se realizó en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal estuvo presente el procurador general de la Ciudad, Ramiro Monner Sanz, única autoridad de Gobierno. Los representantes de las Juntas Vecinales de las villas 21/24, 20, 31 y 31bis, Piletones, Villa 3 y 1-11-14 sí se acercaron a negociar.