El amparo fue acompañado por grupos de padres que adhirieron al argumento de que un sistema de vigilancia de ese tipo “viola el derecho a la intimidad de los niños y los adolescentes”.

Durante una conferencia de prensa, el titular del gremio, Eduardo López, confirmó que la magistrada "dispuso la suspensión de las cámaras de audio y video" en los colegios, una decisión en la que el gobierno porteño invirtió 532 millones de pesos por cuatro años.

La iniciativa prevé la construcción de un centro de monitoreo y la instalación de videocámaras en hospitales, centros de salud, CGP y edificios escolares. El argumento del Ministerio de Educación porteño para defender la propuesta es que las cámara se instalarán afuera de los edificios, pero eso no está claro en el pliego de adjudicación.

Por la medida intervino la Defensoría del Pueblo porteña, que objetó que ese sistema de control no había sido pedido por la comunidad educativa ni consensuada con directivos ni docentes, además de representar una vulneración al derecho de intimidad.