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Más adelante el CELS agrega que el caso "muestra, además, los riesgos de la intervención de funcionarios policiales en hechos que se producen fuera de su jurisdicción y cuando no se encuentran en funciones.

"A la gravedad del caso se agrega el respaldo político de las más altas autoridades civiles al policía y a su versión de los hechos. El jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, elogió la 'valentía y el profesionalismo' del funcionario, a quien atribuyó haber actuado para 'proteger la vida del conductor y los pasajeros del transporte'. En el mismo sentido, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, afirmó de manera inmediata que el hecho 'está muy, muy claro'".

Para el CELS, en cambio, "este apoyo automático de los funcionarios políticos busca instalar una versión sobre hechos que aún no han sido esclarecidos. Los indicios y testimonios recolectados hasta ahora muestran que el funcionario se habría comportado de forma temeraria y con una evidente falta de control en el uso de la fuerza letal. De acuerdo con los datos brindados por testigos a los medios de comunicación, Barrios habría disparado dos veces al adolescente, la segunda de ellas cuando agonizaba en el piso del colectivo. Es inadmisible que se justifique este tipo de actuación policial como parte de un programa de seguridad".

En una primera instancia intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla, quien dictó una resolución en la que se declaró incompetente y remitió la causa al juzgado correspondiente con jurisdicción sobre la localidad de Avellaneda.

"Los primeros datos de la investigación muestran que todos los disparos salieron del arma de Barrios y que de las otras dos armas secuestradas, una no tenía municiones y la otra tenía un solo proyectil que no llegó a dispararse", indicó el CELS en un comunicado.

Por estos motivos, el propio Ramos Padilla sostuvo que las declaraciones de Burzaco y Montenegro fueron “apresuradas” y afirmó que el chico de 16 años pudo haber sido “simplemente un pasajero”.

"La creación de la Policía Metropolitana tuvo como objetivo generar una institución capacitada para intervenir en la prevención y represión de contravenciones y delitos menores. Resulta inadmisible que una fuerza local, de pretendida inserción comunitaria reproduzca las peores prácticas tradicionales del resto de las instituciones de seguridad", sentenció el CELS.

El organismo de derechos humanos agregó: "El caso se suma al del oficial de la Metropolitana Juan José Lisondo quien el pasado lunes 8 de agosto baleó en la cabeza a un vecino luego de una discusión personal en el partido de Lomas de Zamora".

Desde el CELS se exigió que "se esclarezcan las responsabilidades penales por parte de la justicia y que se lleve adelante la investigación administrativa correspondiente, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires".

Por último, el CELS advirtió que "la forma en que actuó el policía Barrios y la legitimación de este tipo de accionar por parte de las autoridades, contradice las normas de la propia Policía Metropolitana".