El organismo presentó hoy una solicitud ante Casación para que aparte al juez Luis Cabral, quien subroga la sala de ese tribunal que debe pronunciarse sobre la situación de De la Rúa. La causa por los hechos ocurridos en el centro de la Ciudad de Buenos Aires durante el 19 y el 20 se dividió en dos partes: una, contra los autores materiales de los cinco homicidios y las lesiones; y la otra -que ya está a punto de ser llevada a juicio oral- por la responsabilidad de los altos jefes del Gobierno nacional y de la Policía Federal que estuvieron al frente de la represión.

Si bien Fernando de la Rúa fue sobreseído por "homicidio culposo" por el juez Claudio Bonadío y luego por la Cámara Federal, el CELS reclamó que la Sala I de Casación revierta la decisión y permita que el radical sea juzgado junto a otros funcionarios y policías. "De la Rúa no está sobreseído porque hay una decisión pendiente que reclamamos. De la Rúa era el garante del accionar policial que hubo ese día. El dispuso el estado de sitio que permitió ese operativo de represión", sentenció Rodrigo Borda, abogado del CELS que representa a las víctimas y sus familiares.

"Aquí fueron imputados funcionarios políticos civiles, como Enrique Mathov (secretario de Seguridad Interior durante la Alianza). Se acreditó que la responsabilidad de lo que ocurrió no fue una decisión autónoma de la Policía Federal sino que hubo una decisión política. Reprimir a los manifestantes", sostuvo el abogado.

Junto al letrado y en representación de las víctimas, María Mercedes Arena, la viuda de Gastón Riva, uno de los fallecidos en la zona de Plaza de Mayo, aseguró que los familiares no aceptan las disculpas de De la Rúa porque "no lo perdonamos". "No creemos en lo que dice. Las disculpas no las queremos nosotros. Tiene que pasar por la Justicia como los funcionarios y los policías. Los familiares vamos por todos", dijo la mujer. Además, reclamó que el Congreso analice un proyecto postergado para indemnizar a los familiares de los 39 muertos que hubo en todo el país en esos días de diciembre de 2001.

El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, afirmó por su parte que, a diez años, "el país es otro", pero en 2010 comenzaron a "repetirse hechos en todo el país" en manifestaciones populares por distintos motivos.

"Hubo muertes, demasiadas. No llegan a ser como lo ocurrido en el 2001, pero ocurrió en Bariloche, Formosa, Santiago del Estado, Jujuy, José León Suárez, la Capital Federal...Se han vuelvo a producir actitudes represivas contra personas que ejercían derechos sociales e individuales garantizados en la Constitución Nacional", indicó Verbitsky. En ese sentido, los integrantes del organismo reclamaron que el Congreso dicte una ley que regule el accionar de las fuerzas policiales en todo el país e impida la criminalización de la protesta social.

El periodista destacó que, ante algunos de estos hechos de represión, se creó el Ministerio de Seguridad Nacional y su titular, Nilda Garré, "fue estableciendo criterios para encauzar el accionar de las fuerzas de seguridad". También destacó que se fijaron "21 criterios mínimos para regular la actitud policial en todo el país" como una suerte de protocolo para sistematizar el accionar.

El titular del CELS advirtió que esas medidas deben nacionalizarse a través de una ley y resaltó: "No puede ser que el accionar de la policía en cada protesta social quede librado al capricho del encargado de turno. Sabemos cuales son las principales protestas. No puede sorprendernos. Es imprescindible que se prevea qué va a hacer el Estado con este principio de no represión en conflictos sociales y por eso el accionar policial debe ser regulado por ley".

Para concluir, Verbitsky advirtió que "no podemos conformarnos" con el criterio establecido por la presidenta Cristina Kirchner y la ministra Garré, y señaló que "hace falta que el Congreso asuma la responsabilidad y convierta esto en ley".