La decisión tomada por la presidenta Cristina Kirchner además instruye a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para realizar un inventario detallado de los bienes integrantes de la concesión y establecer el estado de situación, así como también dio intervención a Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Procuración del Tesoro para determinar los eventuales daños y perjuicios que fueron ocasionados por la prestadora privada al Estado nacional y al público usuario en general, a fin de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan.

El decreto recuerda que "al 25 de mayo del año 2003, con la asunción del Presidente Néstor Kirchner, el Gobierno nacional se encontró con un escenario devastador: más de 15.000 kilómetros de vías fuera de servicio, cientos de estaciones clausuradas y abandonadas y con ello pueblos aislados". Y, tras detallar las millonarias inversiones realizadas en el sistema desde esa fecha, asegura que "esta rescisión opera por culpa exclusiva de la concesionaria en virtud de sus graves y reiterados incumplimientos, en virtud del interés público comprometido".