La Audiencia Provincial de las Islas Baleares, ante la que la propia infanta, la fiscalía anticorrupción y la abogacía del Estado habían recurrido la imputación, consideró que de momento no existen indicios suficientes que vinculen a Cristina como cómplice en el caso en el que está imputado su marido. De los tres jueces que decidieron, dos se pronunciaron en contra de la imputación de la infanta y uno, a favor.

Cristina se convirtió el 3 de abril en el primer miembro de una monarquía reinante en Europa en ser imputada por la Justicia. La decisión causó un gran revuelo en España, donde la Corona, desde la imputación de Urdangarin a finales de 2011, atraviesa su peor crisis en los 37 años de reinado de Juan Carlos.

La infanta fue imputada por el juez de Palma de Mallorca que investiga a su marido y al ex socio de este Diego Torres como sospechosos de haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos, una organización vinculada al mundo del deporte que oficialmente crearon sin ánimo de lucro.

El magistrado José Castro consideró que existían suficientes indicios de que la infanta, miembro de la junta directiva de Nóos, fue cooperadora necesaria y cómplice de los delitos de su marido. Inicialmente la citó a declarar el 27 de abril, pero después suspendió la cita, en espera de que se resolviera el recurso.

Aunque la Audiencia Provincial de las Islas Baleares deja ahora sin efecto esa imputación como cómplice, abre la puerta a que la infanta quede imputada por un delito contra la hacienda pública y/o de blanqueo de capitales. Cristina es dueña junto a su marido, ambos al 50 por ciento, de Aizoon, una de las empresas supuestamente implicadas en la trama de Nóos. El juez Castro tendrá que decidir sobre una imputación por esos delitos una vez reciba información de la Agencia Tributaria y tras escuchar después a las partes implicadas.