Romano huyó a Chile en agosto de 2011, un día antes de ser destituido por el Consejo de la Magistratura para ser juzgado por su complicidad en 102 delitos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cuando era fiscal.

Entre enero y febrero de este año, Romano, quien permaneció en Chile bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna, fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, y luego fue el juez Muñoz quien se hizo cargo de la causa de extradición.

Romano se encuentra en las dependencias de la Interpol en Santiago de Chile y será puesto en manos del máximo tribunal, que aprobó la extradición en correspondencia con el Código Penal Argentino. En mayo de 2012 el gobierno chileno rechazó la solicitud de refugio político que le hiciera el exjuez, por lo que perdió la visa que le permitía permanecer en Chile y quedó sujeto a la decisión de la Corte Suprema, que tenía pendiente pronunciarse sobre la solicitud de extradición presentada por Argentina.

Romano fue destituido en 2011 por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados por su actuación entre 1976 y 1983, cuando omitió denunciar e investigar delitos cometidos durante la última dictadura militar, mientras cumplió funciones como fiscal federal. Mientras lo destituían, Romano se fugó.

En Mendoza, Romano no es el único juez que deberá enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad, ya que en la lista se encuentran también Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.