"Están en riesgo los derechos a la atención de más de 100 mil personas con discapacidad", indicaron las federaciones y cámaras que agrupan a las instituciones del sector, que incluyen tanto los servicios educativos y sanitarios, como así también a los transportes especiales.

Denunciaron que algunas obras sociales mantienen deudas desde 2013 y que otras pagan "por debajo de los valores oficiales" establecidos en el Nomenclador Nacional que estipula las asignaciones a esas entidades.

Durante el acto, del que participó el cura Palo Molero, miembro del Arzobispado de Buenos Aires y coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, leyeron un petitorio que acercaron hasta la Casa de Gobierno un petitorio en el que solicitan a la presidenta Cristina Kirchner "una intervención en la solución de estos graves problemas".