Tras el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; la vicejefa María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; y el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, Luciano Fernández, secretario gremial de ATE, denunció que el titular del Juzgado Nacional Criminal Nº 30, Adolfo López, "viene encubriendo la responsabilidad política de la represión en el Borda”, ocurrida el 26 de abril del año pasado, cuando la policía porteña invadió el predio del neuropsiquiátrico con topadoras y operarios para demoler el taller Protegido Nº 19.

En la causa judicial por la actuación policial “se pudo constatar los apremios y las lesiones llevadas a cabo por la Policía Metropolitan, conducidas y dirigidas en el lugar del hecho por Horacio Giménez, Pedace y Horacio García, subsecretario de Seguridad Ciudadana”, precisó ATE en su reclamo. Y agregó que están probadas las llamadas telefónicas entre el jefe de la Policía, el subjefe, el ministro Montenegro y la vicejefa porteña. “Supone no sólo una ausencia de delegación de funciones sino asimismo un absoluto conocimiento, control y dominio de la situación represiva por parte de los funcionarios”.

La querella había acusado a la vicejefa de Gobierno porteño, al jefe de Gabinete y a los ministros de Seguridad, Salud y de Planificación Urbana, además de Pedace. Fernández aseguró que en base a las pruebas recogidas por ellos y a un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad "se pudo constatar los apremios y las lesiones llevadas a cabo por la Policía Metropolitana el 26 de abril" del año pasado, y precisó que se encuentran constatadas en el expediente las numerosas llamadas realizadas durante todo el día de la represión entre el jefe de la Policía, ahora procesado, y el subjefe Pedace, ambos en el lugar de los hechos, con Montenegro y Vidal.