De acuerdo con el proyecto de sentencia que hizo circular entre sus compañeros ministros del alto tribunal y que hoy difunde en su sitio on line el diario El Universal, la Corte debe nombrar una comisión para el caso Oaxaca que esté encabezada por dos jueces federales.

Aunque el proyecto no menciona los nombres de los posibles investigados, en la Corte se menciona al ex presidente Vicente Fox; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien tenía a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública federal en el momento de los hechos.

Estos datos coinciden con la investigación sobre el conflicto oaxaqueño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la que emitió el pasado jueves la recomendación 15/2007, ya que documentó violaciones a las garantías fundamentales de alrededor de 1.600 personas.

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, dijo que el presidente Felipe Calderón deberá atender esta recomendación.

Señaló como responsables de los agravios a las policías Ministerial y Preventiva de Oaxaca y al gobernador Ulises Ruiz. Además, también responsabilizó de las violaciones a los derechos humanos a elementos de la Policía Federal y el Ejército.

Los hechos estallaron en mayo de 2006 con protestas de maestros que pedían un aumento salarial, pero después se sumaron diversas agrupaciones, conformando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca -APPO-, que exigían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.

La escalada de violencia dejó en total 21 muertos, según Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Durante más de seis meses, bandas armadas y fuerzas de seguridad chocaron, en ocasiones violentamente, en la colonial capital Oaxaca, mientras que manifestantes opositores a Ruiz colocaron barricadas e impidieron el acceso a la policía.

Grupos armados, algunos de ellos identificados por medios locales como policías vestidos de civiles, recorrían la ciudad disparando contra quienes defendían las barricadas.

La intensidad de los choques aumentó hasta que un camarógrafo estadounidense murió por un disparo y la policía federal tomó la ciudad a fines de octubre.

Muchos integrantens de la APPO fueron detenidos y trasladados a cárceles de máxima seguridad, a cientos de kilómetros de sus familias y tratados como delicuentes de alta peligrosidad.