La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo estimó los recursos presentados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las acusaciones particulares y populares contra la decisión tomada el 20 de diciembre de 2006 por la Audiencia Nacional de inhibirse a favor de la justicia argentina para juzgar a Cavallo.

Tras esta decisión, Cavallo, quien afronta una pena mínima de 13.332 años de cárcel y una máxima de 17.010 por crímenes contra la humanidad o genocidio, no podrá ser extraditado a Argentina.

La sentencia del máximo tribunal, que aplica los principios de la justicia universal, deja sin efecto la resolución de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, que cedía la competencia para el enjuiciamiento de Cavallo a las autoridades penales de Argentina.

Según el fallo, la decisión de la Audiencia Nacional "en realidad viene a disponer materialmente la extradición de un acusado cuyo enjuiciamiento se había acordado ya con anterioridad, que correspondía a los Tribunales españoles sin la existencia de previa solicitud de extradición, ni comprobación de la concurrencia de los requisitos legalmente previstos para ella".

El Tribunal Supremo afirma también que la decisión de la Audiencia Nacional contraviene el contenido de los Tratados de extradición suscriptos por España y la República Argentina como con los Estados Unidos Mexicanos, "razones por la que la decisión debe ser anulada".

La Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional había resuelto el 20 de diciembre de 2006 declinar su jurisdicción universal a favor de Argentina, al entender que tras haberse derogado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el país el ex marino debía ser procesado en el lugar donde se cometieron los delitos que se le imputan.

Al tomar esta decisión, que atendió al pedido de la defensa de Cavallo, la Audiencia Nacional pidió a las autoridades argentinas que solicitaran su extradición, proceso que estaba en curso pero había quedado sujeto a la decisión del Supremo.

Ricardo Cavallo fue extraditado a España desde México el 29 de junio de 2003 por orden del juez español Baltasar Garzón, quien investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Desde entonces, Cavallo está detenido en el penal madrileño de Soto del Real, en una celda común, al igual que el ex marino Adolfo Sclingo, quien en el marco de la misma causa cumple una pena de 1.084 años por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Alcalá Meco.

Cavallo cumplió el pasado 29 de junio de 2007 el riguroso plazo de cuatro años de prisión preventiva y hasta la decisión de la Audiencia Nacional de inhibirse no había razón para no juzgarlo.

Según la causa judicial instruida en España, en los primeros años de la dictadura Cavallo, quien utilizaba el alias "Sérpico", estuvo encargado de "allanamientos, muerte, detención, secuestros y apropiación de bienes de las víctimas, a partir de los datos que proporcionaba el sector de Inteligencia".

A partir de 1979, el ex teniente de Fragata se integró en el área de Inteligencia y por lo tanto "participó en las torturas que en forma sistemática se practicaban sobre los detenidos".

Durante la estancia de Cavallo en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) estuvieron detenidas allí en algún momento 5.000 de los 30.000 desaparecidos por la dictadura argentina y, de acuerdo con las investigaciones judiciales, se contabilizaron 255 personas desaparecidas o ejecutadas en ese período.