El sumario había sido archivado por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Federico Delgado, pero el Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), que actúa como querellante, apeló la medida y logró la decisión de segunda instancia que manda proseguir la pesquisa.

Recientemente unos 300 ocupantes del predio, de aproximadamente 19 hectáreas ubicadas en cercanías del estadio del Club Atlético Huracán, fueron desalojados por disposición de la justicia en lo contencioso adminstrativo federal.

Pero al ONABE, patrocinado por Héctor Rodríguez, le interesa que se profundice la investigación penal, iniciada por denuncia de vecinos de los terrenos y de las autoridades del club de fútbol Barracas Central.

Delgado había reclamado el archivo del expediente por inexistencia de delito, pero la Sala II de la Cámara declaró la nulidad del dictamen.

El tribunal desestimó los argumentos del fiscal quien habría justificado el accionar de los ex ocupantes de los terrenos por su condición de indigentes y marginales.

La Sala II sostuvo que, si en la causa penal hay parte querellante, se debe tener en cuenta a la misma para el impulso del proceso.

El tribunal agregó que "la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales incorporados por ella, otorgan al querellante (en este caso el Estado) la facultad de ser el único acusador en el proceso penal, sin desmedro del derecho a defensa del imputado".