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"Nuestra idea es analizarlos y, una vez que tengamos los casos y veamos la documentación y la evaluación de cada uno de ellos, vamos a mandar a los síndicos para hacer el análisis en terreno y ver si se siguieron los protocolos o no", aseveró el titular de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS).

En este sentido, Bellagio indicó que lo que llevó a la Superintendencia a tomar esta decisión fue la necesidad de "poner un paño frío" y dar "seguridad a la gente", ante "la cantidad de reclamos" de pacientes que están "angustiados porque no saben si su caso ha sido correctamente llevado o no".

En declaraciones formuladas a radio Continental, el titular de la Superintendencia indicó que, una vez que reciban la información de todas las obras sociales, evaluarán "cada uno de los casos", para que "de aquellos pacientes que surjan que tengan deficiencias se los va a llamar" para escuchar sus testimonios.

Por otro lado, consignó que habría "siete obras sociales", entre las que mencionó a "Prensa de Buenos Aires y a Turf", que compraban medicamentos para tratamientos oncológicos, de hemofilia y HIV "a esta misma droguería" que le compraban los bancarios.

"Lo que estamos haciendo ahora es enviarles a los síndicos para que evalúen si se sigue el contrato con estas droguerías y ver esos casos un poco más específicamente", precisó el funcionario en diálogo con radio Continental.

En otro orden, Bellagio reconoció que la Superintendencia "a veces tarda un poco" en sus tareas de fiscalización y control, pero explicó que esto se debe a la necesidad de "cumplir con todos los procedimientos que dice la ley" con el fin de que "los actos administrativos no sean revocados en la Justicia", a instancias de presentaciones realizadas por las obras sociales.

Por otro lado, al ser consultado sobre la cantidad de pacientes bajo este tipo de tratamientos en obras sociales, Bellagio indicó que la Superintendencia estima que "como mínimo" hay 20 mil personas, y recordó que "hay 14 millones de personas en el sistema" de obras sociales.