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En tanto, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, calificó como un "atropello y una grosería" la separación por decreto de Martín Redrado del Banco Central y se expresó a favor "del buen funcionamiento de las instituciones".

"Este decreto es una muestra más del avasallamiento a las instituciones, que es el sello característico del gobierno de los Kirchner", señaló el gobernador en un comunicado. "Si su mandato vence en septiembre cuando llegue ese mes existirá la posibilidad de proponer un cambio. Acostumbrémonos a que las instituciones funcionen", pidió Das Neves.

Por su parte, los diputados nacionales del PRO irán mañana a la Justicia para pedir la nulidad del decreto presidencial que dispuso la expulsión de Martín Redrado de la titularidad del Banco Central, e insistirán con el reclamo en el mismo sentido sobre el DNU que estableció el pago de deuda pública con reservas de la autoridad monetaria.

Los diputados nacionales Federico Pinedo, Jorge Triaca y Laura Alonso efectuarán por la mañana la presentación ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento.

La presentación será una ampliación del amparo y el pedido de inconstitucionalidad del DNU para el pago de la deuda con reservas presentados a fines de diciembre. Triaca dijo que "el Gobierno no puede resolver la crisis del gasto, no puede cerrar el grifo y ahora va por el Banco Central". "Pero es realmente grave que están tocando lo más riesgoso y están poniendo en juego la estabilidad monetaria; ahora la gente va a dudar de si su plata tiene respaldo, y esto afecta a todo el país", aseveró.

Triaca sostuvo que "este es un avasallamiento más de los que vienen haciendo y no están pensando en una salida hacia el futuro, sino acelerando una crisis que a los argentinos nos vuelve a poner los pelos de punta".

En tanto, Alonso advirtió que "cualquier decisión que tome (Miguel) Pesce", vicepresidente del BCRA que fue designado reemplazante de Redrado por el Ejecutivo, "carece de validez al estar cuestionado su nombramiento", lo cual "pone a la Argentina en una seria situación de inseguridad jurídica".

"Además, todos los que firmaron el decreto (de remoción de Redrado) podrían estar incurriendo en potenciales violaciones del Código Penal y también se exponen a por los menos una moción de censura" del Congreso, añadió Alonso.