Los presidentes y cancilleres reunidos en el Hotel Sofitel de la localidad bonaerense de Campana expresaron su enérgico rechazo a la ley sancionada el 23 de abril último, que tipifica como delito tanto la condición migratoria irregular, como el transportar y dar empleo a migrantes indocumentados.

"Las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros de la Unasur rechazan la criminalización de las personas migrantes contenida en la referida ley, la cual permite la posibilidad de detener a las personas de manera discrecional, por consideraciones raciales, étnicas, de fenotipo o lenguaje y status migratorio", se consideró.

Además, se cuestionó el "concepto cuestionable de 'duda razonable', cuyos efectos podrían ser la legitimación de las actitudes racistas de la sociedad de destino y el riesgo latente de violencia por odio racial, con lamentables episodios, de los que ya han sido víctimas ciudadanos suramericanos".

También se mencionaron las "expresiones de rechazo" hacia dicha ley por parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.