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La ley a la que se refieren permite el desvío del arroyo Ayuí para inundar ocho mil hectáreas de reserva natural cercaba a los Esteros del Iberá con el objetivo de facilitar el riego de los cultivos de un megaemprendimiento arrocero de las empresas Copra S.A, perteneciente al grupo Clarín, que impulsa su vicepresidente, José Aranda y Adeco Agro, propiedad del magnate húngaro George Soros, a las que también se suman Santa Clara y Yuquerí S.A.

"Esta ley tiene los mismos vicios que el decreto que firmó el ex gobernador Arturo Colombi antes de irse", dijo el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour.

El ambientalista afirmó que la ley, que contó con el impulso del gobernador Ricardo Colombi y los legisladores oficialistas y aliados, "no cumple con los presupuestos mínimos que establece la Ley nacional de Bosques para el ordenamiento territorial".

Lacour volvió a cuestionar nuevamente, "el intento de apropiación de tierras públicas por parte de empresas privadas. Esto es una ilegalidad absoluta", señaló.

El consorcio productivo tiene prevista la creación de un lago artificial de ocho mil hectáreas de bosques nativos para el riego de unas 20 mil hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona. "Esto implica sepultar bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", detalló Lacour.

La presentación judicial de los ambientalistas que buscan frenar la ley, por considerarla violatoria de los preceptos de la Ley de Bosques, consta de 400 fojas y se realizará mañana en el juzgado de la localidad correntina de Mercedes.