Después de tres meses de escándalos y protestas, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires pudo ayer completar una sesión ordinaria. Hubo un grupo de militantes estudiantiles reiterando sus reclamos de democratización, hubo algunos gritos y exabruptos, pero el cuerpo logró aprobar en tiempo record 465 expedientes atrasados. Y, además, lo principal: resolvió convocar el 17 de julio a la asamblea universitaria para elegir al nuevo rector y, simultáneamente, iniciar la reforma de los estatutos de la UBA, que deberá plasmarse a mediados de noviembre próximo. Cuando todavía se estaba votando la convocatoria, el frente de izquierda que conduce la FUBA ya avisaba que ese día intentará, por quinta vez, impedir la elección, exigiendo que la modificación estatutaria se haga previamente.

La sesión comenzó a las 9 en punto y 35 minutos más tarde había concluido. Los consejeros y habituales participantes que apenas se rezagaron se encontraron con la cosa juzgada. Eso mismo les pasó a los estudiantes de la FUBA, los únicos que –a último momento– intentaron oponerse a las resoluciones ya consensuadas. “¿Realmente piensan que van a poder hacer una asamblea con ese orden del día?”, preguntó el consejero estudiantil Martín Bustamante. “No sigan profundizando la crisis –agregó Agustín Vanella, también consejero–. No pueden elegir autoridades antes de debatir la reforma y en vacaciones de invierno, sin alumnos en la universidad.”

La brevedad de la sesión y la ausencia de debates se debió a que todos los puntos conflictivos habían sido acordados el miércoles por los decanos de los bloques de mayoría (Psicología, Económicas, Veterinarias, Derecho, Ingeniería, Medicina, Odontología, Farmacia) y de minoría (Exactas, Sociales, Arquitectura, Filosofía y Letras). El tema clave fue la convocatoria a la asamblea. ¿Qué se acordó y luego aprobó? Primero, llamarla para el lunes 17, a las 9, en el Colegio Nacional Buenos Aires, sin especificar si la reunión será abierta al público. Segundo, proponer que, para reformar el estatuto, se adopte el siguiente procedimiento:

- Conformar comisiones de la asamblea para tratar las propuestas de modificación, contemplando instancias abiertas “a todos aquellos que deseen intervenir con proyectos e ideas en los debates”.

- Organizar “una reunión preparatoria sobre la reforma, con la invitación a especialistas, actores universitarios y referentes sociales”.

- “Resolver que la asamblea pase a un cuarto intermedio hasta el 15 de noviembre de 2006 para permitir el trabajo de las comisiones conformadas, fijando en ese plazo el término de su función.”

El vicerrector Aníbal Franco explicó a Página/12: “Para que no se visualice que en la asamblea vamos a elegir rector, cambiar dos cositas del estatuto e irnos a casa, decidimos pasar a un cuarto intermedio y volver a sesionar cuando haya propuestas de reforma consensuadas, en un plazo máximo de 120 días. Dilatarlo más sería echar más leña al fuego”. Pese al avance institucional que implicó lo resuelto ayer y a que se manifestó “reconfortado”, Franco consideró que la UBA aún no recuperó la normalidad: “Pusimos al día los temas... La universidad se va a normalizar cuando tenga rector y secretarios designados. En la situación actual es muy difícil manejar a este universo fenomenal que es la UBA”.

Franco se refería a la precaria gestión con que está administrando la institución –sin nombrar secretarios para las diversas áreas–, uno de los argumentos que hizo pesar para convencer a los decanos y consejeros del espacio de izquierda y centroizquierda. “Algunos preferíamos esperar un poco más y convocar la asamblea después del 31 de julio, pero el vicerrector nos planteó que no se podía continuar con este desgobierno”, confió un decano. Por eso, se terminó priorizando el compromiso general y concreto de avanzar en la postergada reforma estatutaria. Algo que teóricamente iba a hacerse cuatro años atrás, pero nunca ocurrió. ¿Esta vez sí se va a realizar?, le preguntó este diario al vicerrector. Respuesta: “Estoy absolutamente convencido de que va a ser así”.

Alcanzado cierto consenso entre los bloques, la disidencia vigente es la planteada entre las autoridades y la minoría de alumnos. La izquierda que preside la FUBA (PO, CEPA y MST) quiere que, antes de elegir rector, se “democraticen los estatutos” y se renueven todos los mandatos bajo las nuevas reglas. Ayer, el consejero Santiago Gima denunció que “está consumada la truchada en la universidad, a través de un pacto entre los decanos” y avisó que los estudiantes volverán a movilizarse contra la asamblea: “El 17 de julio vamos a ser muchos y no vamos a estar solos”. La dirigencia estudiantil también cuestionó la legitimidad de la designación de Franco como vicerrector y le reprochó haber avanzado en su carrera docente durante la última dictadura. “La semana que viene voy a llamar a la FUBA a dialogar, para ver qué dicen ellos de mí y qué digo yo de ellos –señaló Franco–. Siempre que acepten el diálogo democrático, estoy dispuesto a escuchar sus propuestas y transmitirlas a los consejeros.”