José Luis Rodríguez Zapatero eligió un escenario poco habitual para realizar el anuncio más esperado de la política española en los últimos tiempos: el comienzo de las conversaciones con ETA. En la sala de prensa del Congreso y con una copia original de la Constitución sobre la mesa, el primer ministro español dio el puntapié inicial ayer a la una de la tarde, hora local, al diálogo con el grupo separatista vasco. El objetivo: acabar con la violencia política que ha ensangrentado el país en los últimos 45 años. Zapatero cumple de ese modo con el primer eslabón de una hoja de ruta cuidadosamente diseñada por el gobierno desde hace al menos un año y que comenzó a hacerse pública en marzo, cuando ETA declaró un alto el fuego indefinido y dio muestras, por primera vez, de querer abandonar de modo definitivo la lucha armada.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Herri Batasuna, el brazo político de ETA ilegalizado por el anterior gobierno de José María Aznar, rompió también con las tradiciones y respondió apenas pocos minutos después al anuncio. Los separatistas elogiaron una declaración a la que juzgaron de “gran calado político” y se alegraron de que Zapatero se haya comprometido públicamente a “respetar las decisiones que tome democráticamente el pueblo vasco”. El entorno de ETA supedita el éxito del diálogo a la convocatoria a un referéndum posterior que amplíe los márgenes de independencia del País Vasco, aunque no ha querido profundizar demasiado en el concepto porque sabe que se trata del principal fantasma esgrimido por la derecha en la oposición para negarle el apoyo al gobierno en el proceso que comienza.

El resto de los grupos políticos con representación parlamentaria se congratuló del anuncio, a excepción del Partido Popular que mantiene su estrategia de negarle el consenso al gobierno. El máximo líder de la oposición, Mariano Rajoy, respondió también minutos después al anuncio oficial con un tono menos áspero del que se esperaba y sostuvo que el PP no apoyará a los socialistas hasta que éstos no dejen claro que no dialogarán con Herri Batasuna hasta que ETA no anuncie su disolución. Un requisito considerado inviable por la mayoría de los actores y analistas políticos locales.

Como era de esperarse, la tarde estuvo plagada de reacciones y rumores de todo tipo. Mientras las asociaciones de los familiares de las víctimas del terrorismo guardaban un cauteloso silencio luego de haber protagonizado manifestaciones en contra del proceso de paz durante las últimas semanas, fuentes cercanas al gobierno afirmaban que las conversaciones comenzarán en breve con la presencia de un organismo internacional con sede en Suiza, cuya identidad se desconoce todavía.

Esta es la tercera vez que el Estado español intenta a través del diálogo poner fin a la violencia política ejercida por ETA desde 1959. El primero en intentarlo fue el ex primer ministro socialista Felipe González en 1988/89 y luego hizo también la prueba el conservador José María Aznar en 1999. Ambos fracasaron.

No dejan de llamar la atención las profundas diferencias que se han dado en esta ocasión respecto de los dos intentos anteriores. En primer lugar, tanto en el ’88 como en el ’99 el gobierno en funciones contó siempre con el apoyo explícito del principal partido opositor. Las conversaciones fallidas comenzaron entonces en medio de un clima político menos avinagrado, aunque el éxito no coronó las negociaciones. Esta vez el debate político es mucho más áspero y las posiciones del PP parecen hasta el momento irreductibles. A diferencia de las anteriores ocasiones, ETAnunca estuvo tan debilitada antes de comenzar a negociar como lo está ahora, privada de su representación política y en un contexto internacional que rechaza con contundencia cualquier manifestación política violenta que pueda ser considerada terrorismo.

Fuentes consultadas por Página/12 afirmaban ayer que Zapatero dio órdenes a los suyos de que no presionen públicamente al PP para que dé su visto bueno al proceso.

El jefe de gobierno español cree que hay que dejar a los populares que se acerquen solos al consenso cuando descubran que el proceso de paz es irreversible y el fin de ETA una realidad palpable. Esta estrategia se pudo ver con claridad ayer por la mañana, cuando el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocó a los portavoces de todos los grupos representados en el Parlamento unas horas antes del anuncio. Aunque sabía que el PP no iba a modificar su posición, Pérez Rubalcaba lo intentó hasta el final. Brazo ejecutor de la operación política más ambiciosa de Rodríguez Zapatero, el titular de Interior se caracteriza por ser un hombre propenso al diálogo, y sus colaboradores afirman que estuvo moviendo todos los hilos a su disposición durante las últimas 72 horas con el objetivo de sumar al PP en el proceso.

Pero la derecha ni siquiera parece conmoverse por las encuestas que dan un apoyo a la política seguida en este campo por el gobierno, entre el 54 y el 60 por ciento según publicaciones de diversos medios de comunicación. Zapatero afirmó ayer en su breve comparecencia pública que será Pérez Rubalcaba el encargado de informar al Congreso a finales de septiembre sobre el resultado de las conversaciones. El gobierno pretende mantener esta parte del proceso en tinieblas, alejando de las conversaciones tanto a los medios de comunicación como al resto de las fuerzas políticas.

El primer ministro aclaró también que el PSOE no está dispuesto a legalizar Herri Batasuna antes de que ETA anuncie su disolución definitiva, tal como sostiene el PP: “Se mantiene la vigencia de la actual ley de partidos políticos”, dijo Zapatero, en referencia a la legislación que excluye a Batasuna del sistema político. Habrá que ver cómo sigue la película. La sociedad española aguarda expectante.