Están de manos atadas, las ropas hechas jirones y decapitados. Los cuatro cadáveres fueron hallados la semana pasada en un descampado de Tijuana, Baja California, frontera mexicana con los EE.UU. Poco después siete cuerpos embolsados con un tiro de gracia en la cabeza aparecieron en Acapulco, en la costa del Pacífico. A esos casos se suman decenas de otros semejantes. En todos ellos dejaron sus huellas los sicarios del narcotráfico.

Durante los últimos dos meses, mientras los candidatos presidenciales se embarcaban en el último trecho de la campaña hacia las elecciones de este domingo, los poderosos cárteles del Golfo y de Sinaloa, que hoy hegemonizan el tráfico de cocaína a nivel mundial, trababan una guerra sorda entre sí y contra las fuerzas de seguridad. La opinión pública sigue la guerra con estupor. La mayoría considera la inseguridad como un problema central para la futura administración, ya que la actual no logró mitigar el problema. Una encuesta de la Secretaría de Gobernación detectó que para la mayoría de los mexicanos Vicente Fox “está perdiendo la lucha contra el narcotráfico”.

Según dijo a Página/12 el periodista Darío Fritz, especializado en el crimen organizado, las propuestas de los principales candidatos, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo, no abordan el tema con el rigor que merece. “Los tres tocan el asunto muy superficialmente. Lo que han hecho es hablar de mano dura y que darán mayor participación al ejército en la lucha. Pero sólo han hablado de generalidades.”

López Obrador, del centoizquierdista PRD; Calderón Hinojosa, del conservador PAN, y Madrazo, del centroderechista PRI, hicieron un compromiso público ante la ONG México unido contra la delincuencia, de atacar el problema desde el primer día de mandato.

López Obrador prometió convocar a las fuerzas armadas para reprimir el narcotráfico si fuera necesario, pero advirtió que ésa sería una solución extrema. Su prioridad será sanear a la policía y purgar los elementos corruptos de los presidios de máxima seguridad como el de La Palma, donde impera el poder de Osiel Cárdenas Guillén y Benjamín Arellano Félix, jefes de los cárteles del Golfo (de México) y Tijuana. Aun así, dice el perredista, no hay solución estructural sin atacar la variable social. Miles de jóvenes desempleados acabaron en los últimos años en el comercio minorista, el “narcomenudeo”, que ha crecido exponencialmente en los grandes centros urbanos, como en Ciudad de México, donde hay 5000 puntos de venta, buena parte de ellos en zonas rojas como son los barrios de Tepito e Iztapalapa.

Por su lado, Calderón Hinojosa anunció en Nuevo Laredo, fronterizo con Texas, que su gobierno creará ministerios públicos especializados y habrá voluntad política para facilitar las extradiciones de los cabecillas procurados por los Estados Unidos, algo visto con reservas por López Obrador, más dispuesto a enfrentarse con Estados Unidos. El año pasado, a poco de iniciarse la guerra de narcos en la frontera con EE.UU., la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, denunció el “vacío de poder” en esa región, lo que dio origen a una respuesta inusualmente enérgica del gobierno de Fox, que calificó los dichos de la Casa Blanca como “amarillistas”.

Es tal la inseguridad en Nuevo Laredo que el candidato del Partido de Acción Nacional evitó hacer noche allí. En 1994, el candidato y seguro vencedor de las elecciones, según todas las encuestas, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas cerca de Tijuana, un magnicidio en el que se sospecha la participación narco.

“Prácticamente todos los cárteles tienen a sus grandes líderes encerrados y sin embargo funcionan,” reconoció el procurador federal Daniel Cabeza de Vaca. ¿Las decapitaciones y crímenes hediondos de estos meses equivalen a una campaña narco para boicotear las elecciones? La pregunta fue formulada al subprocurador federal contra el crimen organizado, José Luis Santiago Vasconcelos. “Son manifestaciones totalmente desconectadas (del proceso electoral), sólo son siete personas que no van a votar”, respondió el funcionario y dio por cerrada la conferencia de prensa.

Según el investigador Darío Fritz, el Estado mexicano carece de cuadros competentes para enfrentar el flagelo al tiempo que avanza la corrupción de los agentes encargados de la seguridad en las fronteras y carreteras.

Y agrega: “Hace años que el narcotráfico se infiltró en los partidos políticos, por ejemplo a algunos miembros importantes del PRI, como el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, actualmente preso y condenado por narcotraficante. Villanueva llegó a utilizar su avioneta oficial para transportar cocaína procedente de Colombia. “Pero la cercanía con el crimen es algo que también ocurre con el PAN. Varios gobernadores del norte estarían vinculados en algún grado con esas organizaciones”, precisa Fritz. En todo caso no hay elementos para afirmar que en los comicios del próximo domingo las mayores organizaciones del hampa mexicano apuesten orgánicamente en un candidato. Mucho menos desde que se declaró una guerra entre ellas el año pasado por el control de las principales rutas de transporte hacia el mercado estadounidense.

Unas de las vías en disputa es la del golfo de California, en el que hay decenas de “narcoislas” codiciadas por las lanchas de alta velocidad y las avionetas ilegales que allí cuentan con pistas clandestinas.

El capo del cártel de Sinaloa, costa del Pacífico, Joaquín “el Chapo” Guzmán, ambiciona las plazas de las bandas del Golfo y Tijuana, cuyos líderes están detenidos. Para los especialistas, Guzmán es una prueba de la colombianización de los gangster mexicanos, fortalecidos en la última década con el eclipse de los cárteles de Medellín y Cali. Desde entonces la articulación con el emergente cártel del Valle del Norte colombiano permitió a Guzmán saltar del transporte a la distribución y venta en EE.UU. Con ello también creció su poder económico y militar, lo que derivó en una nueva relación de fuerzas que está siendo dirimida en estos momentos en Tijuana, Nuevo Laredo, Acapulco y Matamoros.

En ese cuadro se inscribe la incorporación de nuevos ejércitos irregulares a los ya existentes, como los temibles Zetas, afincados en el estado de Tamaulipas. La prensa local especula que sicarios procedentes de las bandas juveniles, las “maras”, serían responsables por algunas de las recientes decapitaciones. Se trata de una “hermandad” pandillera con más de 100 mil miembros diseminados en América Central y Estados Unidos desde los años ’80. Desde fines de los ’90, un brazo mara penetró en México, donde actúa en el tráfico de personas, drogas y controla varios centros penitenciarios.