La Corte Suprema dio ayer el mayor revés judicial al gobierno de George W. Bush: declaró ilegales las cortes militares especiales creadas para juzgar a los presos de Guantánamo. El fallo determina que las comisiones militares puestas en pie por la administración republicana después del 11 de septiembre para procesar a los sospechosos de terrorismo no se atienen a los principios legales estadounidenses ni a los de la Convención de Ginebra. No dice nada sobre el futuro de Guantánamo, pero la situación de la prisión en la base militar de EE.UU. en territorio cubano cambiará a corto plazo, según las opiniones de los expertos y las propias manifestaciones de la Casa Blanca.

En las últimas semanas, Bush ha dicho en varias ocasiones que “querría cerrar Guantánamo”. Con ocasión de la reciente cumbre de Viena entre EE.UU. y la Unión Europea, el asunto –uno de los que más complican las relaciones transatlánticas– volvió a surgir, y Bush reiteró su deseo, además de añadir que en la prisión hay “algunas personas que consideramos muy peligrosas”. En todo caso, el presidente dijo que para tomar una decisión había que esperar al fallo del Supremo. Con el fallo en la mano, lo que cambia es la forma en la que los detenidos deben ser juzgados y cómo debe ser su tratamiento legal.

El limbo en el que están los 450 presos de Guantánamo no se despeja, pero las repercusiones del fallo son de tal calibre que probablemente podrían suponer el principio del fin de la cárcel. “Yo creo que Guantánamo tiene los días contados”, aventura José Miguel Vivanco, responsable para las Américas de la organización Human Rights Watch. “Después de un fallo tan contundente como el del Tribunal Supremo, no creo pecar de optimista al decir que da un golpe de gracia a la prisión, en la medida en que desautoriza y deslegitima las políticas de lucha contra el terrorismo al margen del control judicial del gobierno.”

El pasado miércoles, Bush reiteró de nuevo su deseo de cerrar Guantánamo y dio algún detalle sobre los planes: “Una de las cosas que vamos a hacer es enviar a detenidos de vuelta a sus países de origen; allí quedan unos 400, hemos devuelto ya a unos 200. Hay algunos que tienen que ser juzgados en tribunales norteamericanos. Han asesinado a sangre fría y volverán a matar si salen libremente a la calle”. Ayer, John Snow, portavoz de la Casa Blanca, dijo que el presidente quiere cerrar la prisión, “pero eso no quiere decir que se pueda hacer rápidamente; se hará tan pronto como sea posible”. Snow añadió que “hay un centenar de presos que están en el proceso de repatriación a sus países de origen; hay un grupo de ellos que son tan peligrosos que esos países se niegan a aceptarlos y hay otros que tendrán que pasar por los tribunales de EE.UU.”.

En opinión de Vivanco, “sería posible que el gobierno estadounidense estuviera manteniendo conversaciones con otros gobiernos, de Europa y de otros lugares, para que se hicieran cargo de algunos de estos presos”.

Para el directivo de Human Rights Watch, los “golpes” que el fallo del Tribunal Supremo asesta a la política antiterrorista del gobierno y que repercutirán en el futuro de Guantánamo se resumen así: “La decisión cuestiona la piedra angular del gobierno para sus políticas extraordinarias, que era invocar la decisión del Congreso de apoyar el uso de la fuerza y de cualquier medio en la guerra contra el terrorismo; el Supremo le dice a la Casa Blanca que no tiene autoridad para fijar un régimen jurídico alternativo sobre los que están presos en Guantánamo, le dice que son ilegales los procedimientos adoptados hasta ahora en los procesos, porque impiden que los detenidos puedan tener juicios justos, y subraya que el artículo III de la Convención de Ginebra sobre el trato a los presos y sus juicios afecta a cualquier detenido en la guerra global contra el terrorismo, ya esté en Guantánamo, en la base de Baghram o en las prisiones secretas”. Por la prisión de Guantánamo, acondicionada después del 11-S y que acogió a los primeros detenidos de la guerra de Afganistán en enero de 2002, han pasado cientos de personas. Ahora hay unas 450, de las que solamente 10 están procesadas a través de las comisiones militares que el Supremo invalidó ayer. En febrero de este año, un informe de cinco expertos encargado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU recomendó su cierre y afirmó que la alimentación forzosa de los presos que estaban en huelga de hambre para reclamar un cambio en su situación legal “equivale a un acto de tortura”. Hace 20 días, tres de los presos se suicidaron; ninguno estaba formalmente acusado.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.