El mes de julio que acaba de irse resultó fecundo en noticias sobre el juicio millonario que le inició el Grupo Clarín a la AFA por incumplimiento de contrato. El reclamo económico asciende a cerca de 2280 millones de pesos. La pretensión empresaria es cobrar 12 millones por cada jornada de fútbol que TSC (Televisión Satelital Codificada) no pudo transmitir desde la rescisión concretada el 11 de agosto de 2009. Son 38 fechas por temporada multiplicadas por cinco años, si se considera que el vínculo entre las partes llegaba hasta 2014. De ahí surge aquella suma que le adelantó a Página/12 una fuente con acceso al expediente que se tramita en la Justicia Comercial. La extensa demanda presentada recibió una todavía más voluminosa respuesta en la que se responsabiliza a la sociedad anónima de “diluir el dinero ganado en otras empresas del Grupo”. La causa está radicada en el Juzgado Nº 7 de Fernando D’Alessandro, que también lleva adelante la quiebra del Club Comunicaciones.

“TSC nos decía que no obtenía ganancias, pero sí las cobraban otras compañías del Grupo como Cablevisión, Multicanal, IESA, Tele Red Imagen”, señalan en torno de Julio Grondona, el presidente de la AFA. Por si acaso, aclaran, “todo esto hay que demostrarlo”. Como fuere, Clarín, por intermedio de TSC, inició formalmente la demanda a comienzos de julio porque alega que no había causal para una rescisión y exige que se cumpla el contrato hasta su finalización. La respuesta del asesor letrado de la AFA, Mario Schmoisman, se presentó el 15 de julio, dos días antes de la feria judicial. Es un trabajo de 247 carillas acompañado de profusa documentación y gráficos explicativos del funcionamiento interno del Grupo que patrocina el prestigioso abogado Julio César Rivera, un especialista en derecho comercial. A TSC, como siempre, la asiste el estudio Sáenz Valiente.

Desde la demandada asociación civil precisan que se les reclaman 12 millones de pesos por cada fecha que TSC no pudo televisar de la temporada 2009-2010 (unos 456 millones anuales). La cifra, multiplicada por cinco, arroja 2280 millones de pesos. En este pleito, el sector empresario espera que la Justicia se pronuncie sobre el curioso beneficio de litigar sin gastos que solicitó (ver aparte) que comúnmente se conoce como carta de pobreza.

Por otra parte, la AFA recusó a D’Alessandro y espera que se sortee un nuevo juez o que el expediente vuelva a manos de la doctora Paula Hualde, del Juzgado Comercial Nº 9 donde TSC había presentado una medida cautelar en agosto del año pasado. En la AFA también analizan una jugada que podría cambiar el fuero donde se resolvería el litigio. Una eventual condena contra la asociación que preside Grondona –sostienen– “perjudicaría a un tercero, en este caso el Gobierno, al que le sacarían los derechos televisivos”. Si eso pasara, completan, la causa pasaría a la Justicia Contencioso Administrativa Federal.

Todo este proceso se había iniciado en dos audiencias de mediación obligatorias en las que no se llegó a ningún acuerdo. Una se realizó el 29 de diciembre de 2009 y la restante, el 16 de febrero pasado. Así como TSC alega que no había razones para interrumpir el contrato que se prolongaba hasta 2014, los dirigentes las enumeraban una por una en la memoria y balance del ejercicio 2008-2009:

“A) TSC SA no cumplió con su obligación de potenciar los ingresos, incurriendo en claras políticas de comercialización contrarias a tal objetivo, beneficiando a cableoperadores vinculados a TSC SA, en perjuicio de la AFA y en violación de los principios contenidos en la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia; B) en la declaración de ingresos de TSC SA por la distribución de la señal en la Argentina no se estaría facturando el fútbol codificado a una importante cantidad de cableoperadores independientes; C) TSC SA incumplió la entrega de facturas con fines informativos requeridas por la AFA; D) incumplimiento de TSC SA de realizar gestiones ante entidades bancarias; E) imposibilidad de la AFA de revisar los derechos otorgados por TSC SA a otros medios fuera de la TV tradicional, y F) la señal de TyC Max posee presencia en otros países y sus ingresos no son declarados por TSC SA a la AFA o, en caso de que los mismos se estuviesen difundiendo sin los derechos correspondientes, no se advirtió ninguna actividad por parte de TSC SA para hacerlos cesar”.

La compañía negó estos cargos en agosto de 2009, cuando Grondona le rescindió el contrato: “TSC reafirma que siempre ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales e informado a la AFA de toda su gestión comercial, la que ha sido periódicamente auditada y aprobada por esta asociación, a la que incluso se adelantaron pagos hasta la semana pasada”. Ahora la empresa reclama 2280 millones de pesos, cifra que en la casa del fútbol atribuyen a un cálculo equivocado. La asesoría letrada de la AFA, en la medida que surjan más pruebas, estudia contrarrestar esa pretensión con una contrademanda. El juicio recién empieza y a un año de la rescisión del contrato, las partes ya mostraron las cartas con que piensan jugar su larga partida.