En dos semanas, la causa judicial donde se investiga una presunta asociación ilícita en Boca pasó de tener 57 detenidos a ninguno. El juez Manuel De Campos les dictó a todos la falta de mérito (la mayoría barrabravas, un dirigente y un empleado del club), aunque eso no significa que dejaron de ser sospechosos para su señoría. Quedaron a mitad de camino entre el sobreseimiento y el procesamiento. O sea, libres y apenas por ahora. La decisión despertó suspicacias, sobre todo porque ocurrió un día después de que declarara como testigo el presidente Daniel Angelici y en la víspera del arresto de Maximiliano Mazzaro. El segundo jefe de la Doce estaba prófugo hacía seis meses, pero por el crimen de un vecino de Liniers, Ernesto Cirini. En esta causa conexa continúa detenido Mauro Martín, el líder de la barra.

¿Acaso no había pruebas suficientes para procesar a algunos imputados? ¿Es una estrategia del magistrado para volver a profundizar la pesquisa en el futuro, cuando tenga más elementos incriminatorios? Como fuere, parece un retroceso en la lucha contra la violencia y la corrupción en el fútbol, dos caras de una misma moneda.

De Campos –que ayer por la tarde tenía previsto tomarle declaración a Mazzaro– está a cargo desde finales de 2006 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 5. Antes había sido juez correccional de San Isidro. También condujo el programa radial La huella del delito, que se emite por Internet. Fuentes del fuero penal consultadas por Página/12 afirman que mantiene una conducta irreprochable y que trabaja muy bien. “Es serio y honesto”, lo describió un abogado. Pero más allá del Palacio de Tribunales, otras fuentes vinculadas con Boca interpretaron que la testimonial tomada a Angelici podría haber sido clave en la conducta que adoptó. “Hubo una negociación”, sugieren, entre el juez y el dirigente. Una tercera mirada jurídica sobre el expediente sostiene que el magistrado no podía arriesgarse a que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional le diera vuelta eventuales procesamientos que pudiera considerar inconsistentes. Existen antecedentes en causas semejantes que investigaban a barrabravas donde sucedió eso con otros jueces de primera instancia.

En la edición del domingo pasado, este periodista publicó que desde un fallo bisagra del 17 de mayo del ’97 –que condenó a siete barrabravas de Boca liderados por el fallecido José Barritta– los jueces han llegado más lejos con el artículo 210 del Código Penal que habla de asociación ilícita que con la ley 23.184 de 1985 sobre violencia en los espectáculos deportivos y sus modificatorias, la 24.192 de 1993 y la 26.358 de 2008. Las que en el artículo 5º de su régimen penal señalan que “será reprimido con prisión de uno a seis años el que instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo, la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos en el presente capítulo”.

¿De Campos debería haber apelado a esa herramienta judicial, más módica, para obtener mayores certezas probatorias? La respuesta no es sencilla. Los carnets truchos que salían del Departamento de Socios boquense podrían haber facilitado la gestación y consolidación de grupos orientados a delinquir. “Pensar que, hace años, al Departamento de Socios no lo quería tomar nadie de la comisión directiva”, señala Pablo Abbatángelo, de la Agrupación La Bombonera. Crítico de la gestión de Angelici, hace años hizo una denuncia por la utilización de carnets falsos ante la Inspección de Justicia (IGJ) que fue desestimada.

Con carnets o sin ellos, se comprobó que hay socios, hinchas en general y turistas damnificados. Son aquellos que pagaron plateas por Mercado Libre de dudosa procedencia, los asociados desplazados del ranking para acceder a los partidos más importantes del equipo que conduce Carlos Bianchi (en beneficio de la barra) o directamente quienes abonaron 500 pesos para ingresar en el último Boca-River por molinetes liberados, tal como documentó la defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz, con una cámara oculta. Su denuncia espera por una investigación de la Unidad Fiscal Sur, que tiene a su cargo Javier López Zavaleta.

Un día volvió Di Zeo

El ex jefe de la barra brava de Boca fue entrevistado en C5N el viernes, antes y durante el partido que empataron Argentina y Colombia en la cancha de River. Durante la larga conversación telefónica que mantuvo con varios periodistas de la señal de cable hizo un racconto de su trayectoria, pidió un blanqueo para los que manejan el lucrativo negocio del fútbol desde una tribuna y comparó a cualquier barra con un sindicato de empresa.

“Si terminaran con esta hipocresía y blanquearan a todos”, pidió, sería mucho mejor. Después reclamó que no le apliquen más el derecho de admisión porque tenía dos causas en la Justicia y “en una cumplí y en la otra me absolvieron”. Di Zeo recordó que llegó a la jefatura de la Doce en 1994 y hace siete años que dejó de estar a su frente. Vaticinó que con él libre y Mauro Martín –el líder de la facción que lo desalojó del poder– detenido, “ahora habrá más problemas, porque en lugar de haber un grupo o dos, habrá como diez”.

Admitió que entre las barras “negocios debe haber, obviamente” y las comparó con “lo que es un sindicato para una empresa. Defienden al hincha como el gremio a un trabajador”. Dijo que “Martín y Mazzaro aparecieron en la barra en 2001” y que el primero “era un buen pibe que vivía cerca de la casa de mi mamá”. Recordó que trabajó en la municipalidad porteña y que ahora lo hace en un estudio jurídico que no mencionó. De su paso por la Doce encontró cierta similitud con la actualidad. “Nosotros entrábamos con carnet porque somos socios del club.” Y dejó una confesión más: “Me encantaría ser presidente de Boca”.