Detrás del telón de la desocupación, que lo cubría todo, se acumularon a lo largo de años problemas de los más variados en el mundo laboral. De a poco, a medida que el desempleo va cayendo, empiezan a ser más visibles. Uno de los más extremos es el llamado “trabajo esclavo”, concentrado en las industrias textil y del calzado. Las imágenes más reconocibles son las de los talleres clandestinos, adonde personas hacinadas trabajan casi sin descanso por “salarios” miserables. El Ministerio de Trabajo presentó esta semana una ley para combatirlo. Fue recibida con entusiasmo por empresarios y sindicatos de aquellos rubros que dicen querer desterrar esas prácticas nefastas, pero también resultó muy criticada por organizaciones que representan a las víctimas de la explotación, como La Alameda.

Carlos Tomada, ministro de Trabajo, recibió a PáginaI12 y otros medios para dar sus argumentos en favor del proyecto. La entrevista se extendió a cuestiones centrales de la agenda que lo ocupa, como la posibilidad de que suban las asignaciones familiares y el mínimo no imponible de Ganancias en los próximos meses, las chances de que se reabran las negociaciones salariales por las tensiones inflacionarias, las expectativas de los jubilados a otra suba de haberes antes de fin del año y la sanción de una nueva Ley de Riesgos del Trabajo. En algunos casos dio pistas, en otros confirmó lo que se viene y algunos otros descartó. A continuación, las respuestas.

–¿En qué consiste el proyecto de ley de trabajo a domicilio?

–Hoy tenemos una situación perversa de personas que trabajan bajo la figura legal del trabajo a domicilio, pero que en realidad se desempeñan en locales o galpones en condiciones miserables. Queremos terminar con el trabajo esclavo. El empleo a domicilio está tipificado en una ley de 1941, de la prehistoria del Derecho Laboral, antes del peronismo. Nosotros nos proponemos ordenar la situación. Que los que realmente son trabajadores a domicilio ganen derechos y a los demás que tengan que formalizarlos.

–¿Qué responsabilidad les cabe a las grandes marcas de ropa o zapatos que derivan producción a los talleristas?

–Quedan como responsables finales de lo que ocurra en los talleres. Desaparece la figura del tallerista. El tallerista es actualmente una persona que está en relación de dependencia con la empresa textil que le encarga trabajos, y él, como un intermediario, los deriva a costureros. En realidad lo que ocurre es que se arman estos talleres que producen para las marcas y los empleados no tienen ninguna protección. Nadie se hace cargo de ellos. Ni los talleristas ni las grandes marcas. A partir de la ley que proponemos, el tallerista se tiene que convertir en una empresa, en una pyme, y contratar personal que queda encuadrado en la protección de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta pyme pasa a tener con las marcas que la contraten una relación comercial.

–¿Pero en ese caso las marcas no quedan libradas de lo que suceda en el interior de esa pyme, que es una empresa ajena a ella?

–No, al contrario, porque funciona el principio de solidaridad. En la Argentina existe lo que se llama el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que una empresa que contrata a otra en tareas que tienen que ver con su producción es solidariamente responsable de los incumplimientos de su subcontratada en materia de seguridad social. Yo admito que este artículo 30 sirve relativamente para luchar contra la subcontratación espuria.

–¿Por qué?

–Porque si no hay inspección del trabajo, ninguna ley sirve.

–¿En ese punto el Ministerio de Trabajo debe reconocer un déficit?

–Siempre nos vamos a sentir en déficit. Lo que pasa es que arrancamos con 20 inspectores y ahora tenemos 400. Antes no se inspeccionaba absolutamente a ningún taller y nosotros ya inspeccionamos 6500 y detectamos 2300 empresas en infracción. Pero yo siempre me voy a sentir insatisfecho. Ahora, para mí es una satisfacción haber puesto un quiebre en la destrucción de la inspección del trabajo, que prácticamente había desaparecido.

–Algunos dicen que lo que ocurrirá con esta ley es que los talleristas no podrán convertirse en empresas, por su propia informalidad, y que entonces las marcas se desvincularán de lo que ocurra en los talleres.

–Es al revés. Lo más probable es que las marcas se van a preocupar de que los talleristas armen empresas porque no tendrán la excusa del tallerista. Ahora, la verdad, no entiendo cómo se puede estar en contra de esta ley. Se puede estar en contra de su mala aplicación, pero eso es lo mismo que echarle la culpa a la Ley de Contrato de Trabajo por el empleo en negro. Lo que no se puede es defender la ley actual, que es la precariedad militante.

–¿Existe una estimación de cuántos trabajadores se encuentran en estas condiciones?

–Me han dicho que puede haber hasta 500, en talleres y verdaderos trabajadores a domicilio.

–¿La ley puede extender su alcance a otros trabajadores a domicilio, como los que de- sarrollan el llamado teletrabajo?

–Lo pusimos en los considerandos del proyecto, para dar la señal de que esta norma puede servir para regular otras situaciones que hoy terminan siendo de monotributistas truchos. Ahí también entran algunas actividades ligadas con el diseño gráfico.

–¿Qué pasa con el empleo en negro en general, por qué cuesta tanto bajarlo?

–Haber reducido la informalidad en más de 10 puntos en cuatro años nos parece un avance. No nos parece ni cerca que hayamos alcanzado una solución ni el nivel que la Argentina puede tolerar.

–¿Cuál sería ese nivel?

–El histórico en Argentina es del 25 por ciento, y estamos en 37. La existencia del trabajo en negro es un obstáculo para mejorar la distribución del ingreso, porque las políticas activas que aplicamos no llegan a esa gente.

–¿Cómo se lo combate?

–Es un conjunto de factores. El primero es que la economía crezca. El segundo es contar con inspección del trabajo. El tercero es crear una conciencia de no tolerancia al trabajo en negro. Y el cuarto es ir buscando distintas soluciones a los bolsones de informalidad, a través de medidas legales, como puede ser este estatuto del trabajo a domicilio y otros dos que estamos elaborando para más adelante, para el peón rural y para el trabajo doméstico. También pensamos en simplificación registral. Y en la construcción se puede avanzar mucho poniendo restricciones en las licitaciones públicas a las empresas que no tengan una trayectoria de cumplimiento. Lo que nosotros no creemos es en bajar aportes y contribuciones a la seguridad social.

–Porque ya fracasó.

–Efectivamente. No existe evidencia empírica en ningún lugar del mundo que la rebaja de aportes ayude a generar empleo o a crear empleo formal. Incluso investigaciones tan promercado como las de la OCDE no lo pudieron determinar.

–¿Está en estudio algún plan que facilite la entrega de documentos?

–Sí, el Ministerio del Interior está por lanzar un importante programa de regularización de documentos. Una de las excusas del trabajo en negro es la falta de documentación.

–Usted se refirió a las políticas activas en materia de ingresos. Por la experiencia de los últimos años, ¿se puede imaginar que habrá una suba de asignaciones familiares y del mínimo no imponible de Ganancias?

–Me parece que tiene una buena imaginación. Es todo lo que voy a decir.

–¿Habrá otro aumento de jubilaciones antes de fin de año?

–Hoy por hoy no está pensado. Lo único que digo es que este gobierno tiene una trayectoria de haber atendido esta cuestión siempre que hubo margen en la recaudación.

–¿Espera otra ronda de negociaciones paritarias antes de fin de año?

–No. Este tema merece alguna precisión. Estamos en agosto y a la mayoría de los convenios les queda por aplicar el último tramo de aumento pactado. Quedan cuatro por ciento, cinco por ciento. De hecho, no hay un planteo formal ni informal de las centrales sindicales por este tema.

–Pero existen tensiones inflacionarias que podrían dar lugar a pedidos de nuevos aumentos de sueldos.

–Si estuviéramos frente a un planteo de ese tipo podríamos considerarlo, pero me da la impresión de que no es eso lo que está ocurriendo. Además, las negociaciones salariales de este año tuvieron un promedio de entre 23 y 25 por ciento, que no está para nada alejado de la realidad.

–¿Qué pasa con la Ley de Riesgos del Trabajo?

–Queremos contar con una nueva ley. Yo creo que será este año, porque estamos todos convencidos de que será una norma que sumará en el esfuerzo de mejorar la calidad del empleo. El trabajo seguro es una demanda de la sociedad, tanto de empresarios como de trabajadores.