Desde México, D. F.

Responde el crimen organizado: 28 personas fueron ejecutadas en siete estados a menos de 24 horas de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, firmado por los tres poderes federales y todos los gobernadores, además de empresarios, iglesias y medios de comunicación. 13 de ellos fueron asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que en la capital de ese estado se encontraban todos los procuradores generales y presidentes de tribunales superiores de Justicia del país, quienes se comprometieron a realizar procesos judiciales expeditos, persecución efectiva de delitos y castigos justos a criminales.

En sus propias barbas, el crimen organizado colocó seis “narcomantas” en diversas partes de la ciudad de Chihuahua, que ha permanecido los dos últimos días fuertemente custodiada por la reunión de responsables de la persecución de los delitos y de impartir Justicia. En diversas partes de la capital del estado, integrantes de los carteles de Juárez y de Sinaloa colocaron mensajes en los que se culpan mutuamente de la ejecución de 14 personas en una pequeña ciudad del estado hace una semana.

En la impotencia, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, incluso llegó a pedir a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial la revisión de las garantías y libertades individuales que protege la Constitución y “establezcan límites suficientes para recuperar la cultura de la legalidad”. En este estado, más de 900 personas han sido ejecutadas en lo que va del año. La impunidad es el denominador común de todos estos crímenes, justo una de las razones que llevaron a la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, el jueves pasado.

Posturas como la del gobernador Reyes Baeza alertaron a varias ONG que, además de criticar que ninguna de ellas fue convocada a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, advirtieron que la nueva estrategia gubernamental contra el crimen organizado prácticamente no contempla el tema de derechos humanos.

En Chihuahua, mientras tanto, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, celebraba los “logros” de la administración de Calderón en 20 meses de ejercer el poder: más de 10 mil rifles de asalto y otras 8 mil armas aseguradas, “suficientes para armar a cualquiera de los ejércitos de las repúblicas centroamericanas”; la confiscación de 9377 vehículos terrestres, 283 aeronaves, 277 millones de dólares en efectivo y 103 millones de pesos mexicanos; 163 delincuentes extraditados, “entre ellos 41 notorios narcotraficantes”, y el decomiso de más de 61 toneladas de cocaína, casi 3 mil toneladas de marihuana y más de 42 toneladas de precursores químicos para metanfetaminas.

En su discurso inaugural de la VIII Reunión Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia, Medina Mora no mencionó las denuncias por asesinatos, violaciones y robos cometidos por agentes federales y militares en la cruzada calderonista contra el narcotráfico.

No es gratuito que especialistas y académicos consideraran que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia es una “gran pantalla mediática” que sólo exhibió la incompetencia del sistema nacional de seguridad pública, pues no aporta nada nuevo contra el crimen organizado y el narcotráfico. De hecho, el Acuerdo carece de bases jurídicas, pues el CNSP es solamente un foro político no vinculante para nadie. Los acuerdos y las cosas que ahí se declaran son buenas intenciones y deseos de coordinar, y aunque bueno en el discurso, no transformará a las instituciones, coincidieron académicos.