Con la estatización de la administración de los fondos previsionales, el paquete de medidas de blanqueo enviadas la semana pasada al Congreso y los 13.200 millones de pesos que, según se anunció ayer, serán volcados a la producción, el empleo y el consumo, el Gobierno cree haber armado una resistente trinchera para soportar los embates de la crisis financiera y económica mundial, que en mayor o menor medida, afectará a la Argentina. De todas maneras, no serán las últimas: antes de fin de año habrá nuevos anuncios, según pudo saber Página/12.

Esto no quiere decir –admiten en la Casa Rosada– que al disponer esta batería se hayan clausurado las posibilidades de riesgo económico ni que en el futuro no haya que echar mano a nuevas herramientas. “El objetivo va a ser siempre el mismo: mantener el nivel de actividad y de empleo”, repiten los funcionarios consultados atendiendo la línea gruesa que baja desde Olivos.

En la ingeniería anticrisis que presentó Cristina Fernández de Kirchner, el primer eslabón fue la estatización de la administración de los fondos previsionales. De esa masa de dinero saldrá una buena parte de los créditos que el Gobierno empezará a otorgar a las empresas y a los consumidores.

El primer paquete formal fue el que anunció la Presidenta hace nueve días y que había dejado encargado antes de su gira por Estados Unidos y el Norte de Africa. En él combinó la creación del Ministerio de la Producción, poniendo bajo su órbita a las tres áreas principales de la economía argentina (la industria, la producción agropecuaria y el turismo), un megaplán de obras públicas por 71 mil millones de pesos, moratoria, blanqueo de trabajadores y –la medida más polémica– repatriación de capitales con condonaciones varias.

Según dejan trascender fuentes oficiales, en el Gobierno están cada vez más abiertos a aceptar cambios en este último ítem, con tal de que el proyecto sea aprobado en el Congreso y que la oposición no pueda atribuirle intenciones espurias, como la admisión del blanqueo de capitales mal habidos.

Para completar el paquete del “plan de contingencia”, como ella misma lo definió, la Presidenta encargó trabajos en los últimos días a los ministros de Economía, Carlos Fernández; de Trabajo, Carlos Tomada; y de la Producción, Débora Giorgi; y a los secretarios de Industria, Fernando Fraguío; de Agricultura, Carlos Cheppi, y de Comercio, Guillermo Moreno; el presidente del Banco Central, Martín Redrado; y el director de la Anses, Amado Boudou. Todos ellos coordinados por el jefe de Gabinete, Sergio Massa, que ayer a las 2.30 de la madrugada tuvo cerrado todo el proyecto para entregárselo a la Presidenta.

Una de las tareas fundamentales recayó en Fraguío, que por el área que maneja y sobre todo por su pasado de ejecutivo de automotriz, fue quien llevó adelante el consenso con los fabricantes de automotores para cerrar el plan para que accedan a cero kilómetros a bajo precio aquellos que nunca lo hicieron, solventados por créditos del Estado por un total de 3100 millones de pesos.

Para los habitantes de la Casa Rosada la situación de las automotrices es medular en esta crisis, porque es el sector que más inmediatamente sintió el cimbronazo del terremoto económico mundial. Algunas de ellas, porque tienen su producción atada a Brasil y otras porque reciben órdenes de achicamiento de sus casas matrices en el exterior.

Otra de las industrias que están seriamente afectadas por la devaluación del real y por los cupos a la exportación es la de fabricantes de heladeras, lavarropas y cocinas. A este sector fue destinado un monto de 3500 millones de pesos en créditos de hasta 5000 pesos para los consumidores.

También hubo medidas para alentar la producción y la exportación agropecuaria, que incluye bajas en las retenciones que tantos dolores de cabeza le dieron al Gobierno. Para ello, Cheppi cerró trato no con las cámaras agropecuarias nacionales, sino con muchas cámaras regionales.

Pero más allá de cada medida sectorial, la Presidenta, dicen sus allegados, buscó un paraguas amplio para todas las empresas con el otorgamiento de créditos blandos, con tasas testigo del 11 por ciento, a cambio de que quienes accedan a este beneficio se abstengan de echar empleados. En este punto la mayor tarea recayó en Redrado y Boudou, que acordaron con los banqueros de Adeba.

La permanente iniciativa política que viene teniendo el Gobierno en los últimos tiempos era resumida así por un alto funcionario consultado por Página/12: “Una cosa que nadie nos puede achacar es que no tengamos reacción frente a la crisis. Tomamos el toro por las astas. Y vamos a seguir con más medidas para apuntalar la economía”.