La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que el Estado invertirá 13.200 millones de pesos para financiar al sector productivo e incentivar el consumo con el objetivo de reactivar la economía y preservar el empleo. Los fondos provienen de los plazos fijos que las AFJP tenían depositados en el sistema financiero local, y que ahora administra la Anses, y de los propios recursos que ya estaban en poder del organismo previsional. La intención oficial es canalizar la mayoría de los fondos a través de la banca privada. Para que el mecanismo de asignación sea transparente el dinero se licitará en el Mercado Abierto Electrónico y se le asignará a la entidad que esté dispuesta a ofrecer la tasa más baja por sobre el 11 por ciento que le deberá pagar al Estado por los depósitos. Los bancos también deberán especificar a donde orientarán los fondos, tomando como referencia los cupos que ayer fijó el Gobierno para cada sector. Además, el anuncio incluyó una sorpresiva rebaja de cinco puntos para las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz (ver página 4).

Luego de varios días de especulaciones, la Presidenta explicitó ayer al mediodía en la quinta de Olivos los lineamientos generales de un plan que definió como de “contingencia” y que justificó a raíz de los efectos que está provocando la crisis financiera internacional en la economía local. “De repente apareció el mundo y nos complicó la vida a los argentinos”, aseguró ante gobernadores, funcionarios, empresarios y sindicalistas que se congregaron en el salón de conferencias.

La primera reacción oficial ante la crisis internacional fue de relativa indiferencia por la buena situación macroeconómica que registraba Argentina luego de cinco años y medio de crecimiento. Sin embargo, en apenas dos meses el sistema financiero de las principales potencias mundiales se derrumbó de manera espectacular, emulando el crac de 1929, y el impacto comenzó a sentirse en la economía local por la caída de las exportaciones, la mayor restricción del crédito y un brusco cambio de expectativas que llevó a la población a retraer sus consumos, lo que desaceleró aún más la actividad económica. Los anuncios de ayer buscan revertir la situación con el objetivo central de preservar el empleo. La novedad es que además el Estado intenta posicionarse como el principal agente financiador de la economía real, objetivo que las AFJP nunca llegaron a cumplir, fijando una tasa testigo para forzar una dinámica similar en el resto del sistema.

- Origen de los fondos. 7500 millones de pesos provendrán de plazos fijos que las AFJP tenían depositados en los bancos a menos de 59 días y que ahora administra la Anses. Otros 2700 millones es dinero que la propia Anses tiene en el Banco Nación, también en plazos fijos de 90 a 120 días y por los cuales se estaba cobrando una tasa de interés promedio apenas por encima del 8 por ciento. Los 3000 millones de pesos restantes están actualmente en Lebac que el organismo previsional irá monetizando durante 2009.

- Destino de los fondos. La decisión oficial es que se destinen 3500 millones de pesos a préstamos para el consumo, 3100 millones a financiar la compra de autos cero kilómetro, 3000 millones para pymes, 1700 millones para el agro, 1250 millones para la industria en general y 650 millones para la adquisición de camiones y utilitarios. En créditos al consumo, ingresa el financiamiento para la compra de electrodomésticos y calzados, dos sectores sobre los que estuvieron trabajando la secretaría de Industria y la de Comercio Interior en los últimos días, aunque también podrían surgir otros proyectos en la medida en que el gobierno y los industriales se pongan de acuerdo. En lo que refiere a electrodomésticos, se privilegiarán los sectores de línea blanca porque tienen un fuerte componente de piezas nacionales y la cadena de valor le da trabajo en el país a 50 mil personas. Mientras que en calzado, está muy avanzado un proyecto para fabricar un calzado colegial de cuero, lo que también permitiría reactivar la actividad de frigoríficos, curtiembres y marroquineros, tal como anticipó Página/12 el miércoles. Por último, en el agro se financiará fundamentalmente la exportación de productos de las economías regionales.

- Rol de los bancos. El financiamiento se va a canalizar a través del sistema financiero y para dar mayor previsibilidad el Gobierno depositará los ahorros previsionales en las entidades bancarias por un período mínimo de un año. El reparto de los fondos se realizará mediante licitaciones, salvo en el caso del Banco Nación que tendrá un cupo asignado por tratarse del agente financiero del Estado. En resto de las entidades tendrán que declarar a qué tasa piensan cobrar los créditos tomando como referencia el 11 por ciento que deberán pagarle al Estado por sus depósitos (la tasa de referencia para el Banco Nación será de 10 por ciento). Además, se les exigirá que expliciten en cuánto tiempo piensan colocar el dinero y cuánto destinarán a cada uno de los sectores que decidió priorizar el Gobierno. Se supone que no todos los bancos ofrecerán a los mismos sectores. Por ejemplo, se espera que el Credicoop elabore una oferta orientada más hacia las pymes y el Banco Galicia más hacia los créditos al consumo. Para financiar la venta de autos, también se podrán presentar las financieras de las propias terminales automotrices. Altas fuentes del gobierno informaron a Página/12 que la primera licitación se realizará el lunes 15 de diciembre. En el Gobierno afirman que cada 60 días van a monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos. También se aclaró que para prefinanciar exportaciones el BICE ocupará un lugar de privilegio.

- Condiciones de los créditos. En todos los casos, la tasa de interés surgirá de las distintas licitaciones. Será fija durante el primer año y luego se actualizará tomando en cuenta el método swap del Banco Central, que proyecta una tasa de interés futura tomando como referencia la Badlar. El financiamiento previsto para los créditos al consumo será de 12 meses y el monto máximo será de 5 mil pesos, lo que permitirá ofrecer hasta 700 mil préstamos. En el caso de los autos, se financiará la compra de uno o dos modelos baratos de cada terminal hasta en 48 cuotas. La definición de “barato” todavía no fue precisada. El Gobierno quiere que las terminales bajen los precios de esos modelos entre 15 y 25 por ciento, pues afirman que la medida no es para financiar la tasa de rentabilidad que las terminales tuvieron en los últimos cinco años. Sin embargo, los empresarios son reacios a aceptar esos porcentajes. En el segmento pymes y para capital de trabajo de la industria en general, los plazos del financiamiento serán de 12 a 36 meses, mientras que para prefinanciar exportaciones el plazo será de 90 a 180 días.

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