Para terminar con los rumores sobre un supuesto arrepentimiento oficial en torno de la reapertura del canje de deuda, el Gobierno promulgó ayer dos normas que le dan continuidad a ese proceso. La primera es la suspensión de la Ley Cerrojo, que fue tratada por el Congreso, y la segunda es un decreto que contempla los requisitos necesarios para elevar la propuesta formal a la SEC (comisión nacional de valores estadounidense). Fuentes gubernamentales vinculadas con la operatoria reconocieron que, más allá de los aspectos técnicos y necesarios que incluyen las normas, se trató de una “respuesta política” a las versiones de que estaba “todo parado”. “Es un paso importante porque evidencia la vocación y voluntad de la Argentina de hacerse cargo de sus deudas y con el compromiso de hacerlo con la misma responsabilidad que se hizo en 2005”, manifestó la presidente Cristina Fernández en un acto en Casa de Gobierno. El Gobierno elevará esta semana ante la SEC la propuesta definitiva que recibirán los tenedores de deuda en cesación de pagos y que no entraron en el canje de 2005.

La suspensión de la Ley Cerrojo, norma que impedía la reapertura del canje, fue sancionada el 18 de noviembre último por el Legislativo y promulgada de hecho el 9 de diciembre. Paralelamente, a través del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, se encomienda al Ministerio de Economía registrar un programa de deuda pública de Argentina ante la SEC de Estados Unidos. “En los últimos días se especuló con que la operación estaba estancada, pero esto demuestra que políticamente continúa en marcha”, afirmó a este diario una fuente de la Secretaría de Finanzas. El funcionario aseguró que, “como tal, no define nada”, pero ambas medidas permiten “dar continuidad al proceso”.

La norma establece, como fue señalado por el ministro de Economía, Amado Boudou, que “los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores, durante la reestructuración de deuda” dispuesta en 2005. Además, los acreedores que deseen participar de la operación de reestructuración “deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos”. Implica que tendrán que dejar sin efecto cualquier tipo de presentación judicial o embargo contra el Estado argentino. Esto incluye también a aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o administrativa o laudo arbitral previo a que se lance el canje.

La otra norma habilitó a Economía y Finanzas a hacer una presentación de la propuesta a la comisión de valores estadounidense. “La registración de un programa de deuda pública del Estado nacional ante la SEC permitirá maximizar la participación de inversores de dicho mercado y posibilitará globalizar los instrumentos que se coloquen. En su aspecto técnico, esto nos permite un procedimiento administrativo ante la SEC para presentar un programa de deuda pública para ampliar la emisión. Es una condición necesaria, aunque no suficiente para iniciar el canje”, señaló a Página/12 una fuente de Finanzas que conduce Hernán Lorenzino. Se trata de la registración de una segunda tanda de documentos que la SEC deberá aprobar en un tiempo que se estima entre dos y tres semanas y que dejará a la Argentina en condiciones de reabrir el canje.

La presentación anterior ante este órgano regulador contenía información pública sobre aspectos relacionados con la situación económica y social del país. En este caso, la secretaría enviará los detalles de la propuesta que, de ser aprobada, se comunicará a los holdouts. De acuerdo con lo detallado por un colaborador de Lorenzino, la premisas sobre las que Boudou basó el anuncio se mantendrán. Tal como anticipó Página/12, la propuesta será diferenciada para grandes y pequeños bonistas. Se pretende que los grandes suscriban un nuevo bono por el diez por ciento de lo que reestructuren. El país recibirá por la suscripción de este títulos unos 1000 millones de dólares adicionales, ya que se cuenta con un piso de adhesión de 10.000 millones que fue asegurada por los bancos que diseñaron la propuesta inicial. Finalmente, en Finanzas insistieron en que el Estado no abonará las comisiones por la operación.