Hoy, a las 10, en el subsuelo de Comodoro Py, un tribunal argentino comenzará a juzgar a diecisiete represores de la ESMA, símbolo universal del terrorismo de Estado. Quedan detrás un tercio de siglo de impunidad, las leyes del olvido de Raúl Alfonsín, los indultos de Carlos Menem, la resistencia de las corporaciones política, judicial, empresaria y eclesiástica, y también centenares de madres y padres que murieron sin llegar a conocer justicia para sus seres queridos.

“¿Sabe cuántos Astiz hubo en la Armada?”, preguntó a un periodista en 1985 el contraalmirante Horacio Mayorga. “Trescientos”, confesó. El Tribunal Oral Federal 5 juzgará al primer puñado: trece marinos, dos policías, un prefecto y un oficial del Ejército. La lista incluye al capitán Jorge Acosta, jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y al propio Alfredo Astiz, icono de la cobardía desde que su foto rendido en Malvinas permitió identificarlo como quien se infiltró entre las Madres para seleccionar a las mujeres que la Armada arrojaría con vida desde un avión en vuelo. También estarán los capitanes Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, detonantes involuntarios de la confesión de Alfredo Scilingo a mediados de los ’90; el comisario Ernesto Weber, que les enseñó a usar la picana eléctrica en nombre de la Policía Federal, y el vicealmirante Oscar Montes, ex canciller de la dictadura.

La mayor parte de los secuestros, torturas y asesinatos por los que se realizará el juicio están probados desde mediados de los ’80. Sus responsables vivieron impunes durante veinte años gracias a las leyes de obediencia debida y punto final. De las tres causas mayores que se acumularon para el primer proceso, Testimonios A es la más abarcativa, con 79 víctimas. Unos pocos son sobrevivientes. De algunos hay constancias de su asesinato. La mayoría fueron vistos en cautiverio y permanecen desaparecidos.

La segunda causa, Testimonios B, corresponde a los crímenes de las monjas francesas y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestradas el 8 de diciembre de 1977, torturadas en la ESMA y arrojadas al mar en “vuelos de la muerte”. La contracara positiva de los veinte años de impunidad son los logros del Equipo Argentino de Antropología Forense, que las identificó luego de encontrar sus cuerpos enterrados como NN en cementerios de la costa.

El tercer expediente se llama Testimonios C y su protagonista central es el escritor y periodista Rodolfo Walsh, ultimado por la metralla del comisario Weber tras resistirse al secuestro con una pistola diminuta. La investigación sobre la muerte de Walsh, cuyo cadáver fue visto en la ESMA pero nunca fue entregado a sus deudos, incluye las preguntas sobre el paradero de su obra inédita, que la Armada tampoco se dignó a entregar.

La Armada y la Prefectura son las fuerzas que mejor burlaron (y burlan) a la Justicia. Desde el Juicio a las Juntas, excepto los procesos en ausencia en Francia e Italia, ningún represor del mar fue condenado. El más cercano fue Héctor Febres, envenenado con cianuro en su dúplex de Prefectura días antes de escuchar la sentencia. También murieron a tiempo el vicealmirante Luis María Mendía, que informó sobre los vuelos en el cine de la base Puerto Belgrano; los ex directores de la ESMA Rubén Jacinto Chamorro y Horacio Estrada, y célebres miembros del grupo de tareas como Jorge Perren, Francies Whamond o Enrique Yon. El ex almirante Emilio Ma-

ssera, condenado en 1985, fue declarado insano, en tanto siguen prófugos el capitán Jorge Vildoza y otros cinco represores. Las últimas dos bajas por razones de salud, que se conocieron esta semana, son las del capitán Néstor Savio, alias Norberto, y del penitenciario Carlos Generoso, alias Fragote.

Astiz “desnombró” ayer a su abogado con la esperanza de postergar el proceso. Juan Aberg Cobo había apelado minutos antes el rechazo a la recusación de uno de los jueces. Ambas maniobras fueron desbaratadas por el tribunal, que de inmediato agregó al nombre de Astiz a los defendidos por Víctor Valle. El defensor oficial reclamó la suspensión del juicio para interiorizarse de las acusaciones de su flamante asistido, pero los jueces Daniel Obligado y Oscar Hergott rechazaron el planteo. El voto de Ricardo Farías fue en línea con el deseo de Astiz.

La nueva composición del TOF 5, tras el alejamiento de Guillermo Gordo, que resistió durante años los reclamos para garantizar la publicidad de los juicios, permitirá que reporteros del mundo puedan transmitir las imágenes de Acosta, Astiz & Cía. Hace siete meses Página/12 informó que se prohibiría el ingreso de las cámaras. El tema se solucionó recién ayer: contra la voluntad de Farías, Obligado y Hergott resolvieron autorizar el trabajo de los reporteros antes de las audiencias indicadas por la Corte Suprema de Justicia. Igual que en el juicio a los represores del Primer Cuerpo de Ejército, la filmación oficial estará a cargo de jóvenes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). El próximo paso que pondría a Buenos Aires a la altura de Rosario y Córdoba en materia de publicidad es la transmisión en vivo de las instancias del juicio por Internet.

Las audiencias se realizarán los días jueves y viernes, y miércoles de por medio. La acusación en nombre del Ministerio Público estará a cargo de los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky. Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que ocupan el rol de querellantes serán patrocinados por abogados de organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y asociaciones como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otras. Como defensores de los imputados actuarán los abogados Alfredo Solari (de Scheller, González, Rolón, Cavallo y García Velazco), Adolfo Casabal Elía (de Montes) y Julio Coronel (de su padre). El resto tendrá defensores oficiales.

El comienzo de la audiencia inicial está previsto para las 10 de la mañana. Una hora antes, en el 6º piso de Comodoro Py, comenzarán las acreditaciones para quienes deseen ingresar en la sala, y las actividades de Hijos, que realizará un acto al mediodía. El juicio comenzará con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los querellantes y del fiscal Eduardo Taiano y las elevaciones del juez federal Sergio Torres. Recién después, cuando se declare abierto el debate, se escucharán los planteos de las defensas, que intentarán suspender el juicio con los argumentos de siempre.