A dos años y medio del estallido de la crisis, el Senado de los Estados Unidos aprobó el proyecto de reforma financiera. Los cambios apuntan a incrementar la capacidad y herramientas de control y regulación del Estado sobre el sector. Las medidas amplían el margen de maniobra del gobierno para enfrentar antes que prevenir un próximo temblor financiero. Algunos especialistas, sin embargo, consideran que las modificaciones son insuficientes para enfrentar el prolongado proceso de desregulación de las últimas décadas. Las cuestionadas agencias calificadoras de riesgo no forman parte de la reforma. Una vez que el presidente norteamericano promulgue la ley, los organismos reguladores deberán diseñar más de 500 reglamentaciones.

La iniciativa de 2300 páginas se convirtió en ley tras varios meses de debate. Contaba con el apoyo del presidente Barack Obama y, a pesar de las críticas por la laxitud de la reforma, hubo un férreo rechazo del establishment financiero. El proyecto contempla la creación de distintos organismos de control y amplía las capacidades de otros, como la Securities and Exchange Commission (SEC), para regular los mercados de los activos financieros denominados derivados, como los instrumentos estructurados con las hipotecas subprime.

En ese sentido, en los próximos meses se creará un nuevo organismo de defensa al consumidor y otro denominado Consejo de Monitoreo de la Estabilidad Financiera, que dependerá de la Reserva Federal. Este último también podrá sugerir nuevos cambios regulatorios. El objetivo de los nuevos entes de control será el de advertir sobre la emergencia de posibles focos de crisis. A su vez, se amplía la capacidad de intervención del Estado sobre las compañías financieras en crisis y el herramental regulatorio de la FED.

Al conocerse el resultado de la votación, 60 a favor y 39 en contra, Obama afirmó que “esta reforma acabará con las prácticas abusivas y sin escrúpulos de los prestamistas”, al tiempo que resaltó las medidas de protección a los consumidores. Ante el fuerte rechazo que generaron los rescates a las entidades financieras como Goldman Sachs o Citibank, los funcionarios señalaron que la reforma está diseñada para controlar las prácticas riesgosas de los grandes bancos. “No podemos permitirnos otra crisis financiera. Terminó la época de los rescates con el dinero de los contribuyentes. Con la reforma, los estadounidenses no encontrarán más trampas financieras”, sostuvo el mandatario. En tanto, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, apuntó que “estas reglas se ocuparán de que sean los bancos, y no los contribuyentes, los que paguen por las futuras quiebras bancarias”.

En medio del entusiasmo, Geithner presentó la aprobación de la ley como una suerte de consuelo ante los efectos de la crisis: “El sufrimiento de los millones de estadounidenses que han perdido sus trabajos, sus casas, sus negocios y sus ahorros, no ha caído en saco roto”. La reforma financiera se suma a los cambios en el sistema de salud impulsados por Obama, en vistas a las elecciones legislativas de noviembre.

Por su parte, los senadores republicanos, quienes votaron en su mayoría contra el proyecto, sostuvieron que la iniciativa es ineficiente y advirtieron que sólo crea “un monstruo burocrático que erosiona la competitividad del sector financiero estadounidense. La reforma hace muy poco para que tengamos un sistema más seguro”.

A pesar de los abusos y graves errores cometidos al momento de evaluar el riesgo de los distintos activos lanzados al mercado en los últimos años, las agencias calificadoras de riesgo –Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s– no fueron alcanzadas por la reforma. Los puntos que incluyen al sector quedaron reducidos a futuros estudios. En un acto de coherencia, S&P bajó la nota de su competidora Moody’s al conocerse el resultado de la votación sobre la reforma, y realizó pronósticos sombríos sobre el futuro de la actividad a partir de las modificaciones.