Los fondos buitre decidieron ayer suspender la audiencia que pidieron el día anterior al juez de Nueva York, Thomas Griesa, para discutir la reapertura del canje que propone la Argentina. La marcha atrás en el pedido, sobre la cual no dieron explicaciones, pudo obedecer a que habían evaluado equivocadamente el lugar de competencia de la demanda, si era primera o segunda instancia, y por la improcedencia de la solicitud, señalaron fuentes vinculadas con el juicio. Luego del fallo adverso para la Argentina de la Cámara de Apelaciones del viernes pasado, el caso se encuentra ahora pendiente de ser aceptado por la Corte Suprema de Estados Unidos. El martes último el Gobierno anunció una nueva reapertura del canje de deuda, sin fecha de cierre para la operación, como señal de buena voluntad hacia el máximo tribunal. Los demandantes buscan probar que la otra iniciativa oficial, modificar la jurisdicción de los bonos, viola sentencias previas, pero en Economía señalan que no se cambia la estructura de esos papeles, sino que “se ofrecen otros”.

Tras la presentación formal al Congreso del proyecto para una reapertura de canje, los fondos buitre solicitaron a Griesa una audiencia que en menos de 24 horas cancelaron. Desde el Palacio de Hacienda explicaron que la cancelación de la reunión fue pedida al mediodía, horas antes del encuentro pautado a las 13, sin dar mayores argumentos y que tampoco se habría planteado una nueva fecha para el encuentro. El pedido de audiencia fue encabezado por NML Capital para analizar junto a los abogados que representan al país, el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, las implicancias de los anuncios realizados por Cristina Fernández de Kirchner el lunes pasado. La iniciativa, que ya tiene dictamen de la comisión, contiene el pedido de suspensión de la Ley Cerrojo, que será clave para que los bonistas que no ingresaron en las dos reestructuraciones anteriores tengan una nueva chance con las mismas posibilidades de quienes lo hicieron en la última de 2010.

Sin embargo, el punto que más preocupa a los fondos buitre es el posible cambio de lugar de pago y jurisdicción legal de los papeles. Fuentes vinculadas con el litigio sostuvieron que esa audiencia también podría tener como objetivo solicitarle a Griesa que evalúe si esa idea del Gobierno no viola sentencias pasadas. Si Griesa acepta el argumento de los demandantes, podría declarar en desacato al Gobierno, a los bancos que transfieren sus fondos y hasta a los bonistas que aceptaron los canjes para salir del default. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, detalló en el Senado que el objetivo no es evadir a la Justicia estadounidense, sino darle previsibilidad al 93 por ciento de los bonistas que ingresó en los canjes anteriores.

“El mensaje es darle certidumbre respecto de la voluntad de pago; que cualquiera sea el resultado de las sentencias judiciales, igualmente Argentina tiene voluntad de pago; si no se puede pagar en Nueva York, se va a pagar en Buenos Aires o en cualquier otro lugar donde se pueda pagar”, señaló Eugenio Bruno, abogado del estudio Garrido. El fallo de Griesa del 21 de noviembre, que ratifica la orden de pagarles el ciento por ciento de los 1330 millones de dólares que reclaman los buitres, advertía de manera elíptica que el Gobierno no podía alterar el mecanismo de pagos a los bonistas reestructurados con el objeto de eludir el cumplimiento de la sentencia. Desde el Palacio de Hacienda reiteran que no hay cambios en las condiciones originales de los títulos, sino “la emisión de nuevos bonos bajo legislación local”.

De todos modos, Bruno reconoce –por los antecedentes de Griesa– que le podría intentar trabar un embargo a la Caja de Valores ante la imposibilidad de hacerlo con las cuentas del Bank of New York luego de una migración de bonistas a papeles con legislación argentina. Esto es posible porque la Caja de Valores no funciona aisladamente del mundo, sino que está asociada el Depositary Trust Comany (DTC) –institución fiduciaria depositaria– para el pago de vencimientos de deuda privada o pública. La posibilidad de una medida de Griesa, pese a que no tendría jurisdicción, es reconocida por el equipo económico, pero la Caja de Valores tiene un mayor margen para eludir la decisión de un juzgado del Distrito de Manhattan.

En todo caso, el cambio de jurisdicción de los bonos bajo ley extranjera debería avanzar con cierta velocidad –señala Bruno–, para evitar que caiga el stay (permanecer sin efecto) sobre la orden de la Cámara hasta que la Corte Suprema decida si toma el caso. En ese sentido, es importante que el gobierno de Estados Unidos se involucre en el caso, según el abogado. Argentina recién podría presentar su apelación ante la Corte Suprema a fines de noviembre, luego de solicitar una revisión del último fallo ante la Cámara y al plenario de los trece jueces que la componen.