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Los resultados de las PASO sugieren una recuperación de la derecha, que viene trabajando en distintos frentes para desgastar al gobierno nacional y restaurar el orden neoliberal.

El resultado electoral pone en evidencia que la agenda y las propuestas conservadoras han sido enarboladas con éxito no sólo por algunos de sus reconocidos representantes (Macri, De la Sota, Carrió), sino también por otros que, al pertenecer a partidos con historia en la tradición popular, se presentan como progresistas. Una lectura atenta de las propuestas de Cobos y Binner permite descubrir un camuflaje que podría confundir al electorado.

Tanto el socialista como el radical promueven la despolitización a través del llamado a “un gran acuerdo en el que tienen que estar todos los sectores, no tiene que haber diferencias...” (Cobos) o “reconociendo como antecedente el camino trazado por el Diálogo Argentino...”, enunciado con el que Binner acompaña las peticiones de reconciliación de la Iglesia y confunde la situación actual con la de 2002. En esta línea, Cobos propone un Estado “que no moleste” y Binner uno “amable”, y el mendocino atribuyó su victoria “a las formas”, a que “la gente pide tolerancia”; como si la legitimidad del Estado y la tolerancia fueran mera cuestión de buenos modales. Para completar, ambos publicitan un diálogo falaz y defienden un formalismo republicano detrás de los cuales se ocultan el profundo rechazo y temor de los sectores dominantes a la democracia y a los ejercicios de soberanía reales.

La despolitización así inducida supone la inexistencia de conflictos de intereses en la sociedad, o su solución con una palmada y una sonrisa.

Mientras tanto, el Gobierno ha conducido avances democratizadores y ha promovido su condición de posibilidad, la politización social, con propuestas que implican la ampliación efectiva de derechos y sosteniendo las discusiones que cada una de ellas suscitó.

El ejemplo paradigmático está dado por una de las consecuencias que ha dejado el conflicto generado por Clarín con su enconada resistencia a cumplir con la nueva ley de medios: el aprendizaje y toma de conciencia sociales en cuanto a la manipulación informativa y la cooptación de “dirigentes” por parte de las corporaciones, especialmente las propietarias de medios de comunicación. Es éste un avance clave en una época que se caracteriza por la fuerte participación e influencia de esos conglomerados en las actividades económica y política. Se ha podido comprobar que algunos columnistas operan como mercenarios de la palabra oral o escrita al servicio de sus patrones, intentando modelar un “sentido común” que implica una lectura divorciada de la realidad. Este fenómeno ha conformado un escenario que no favorece objetivamente el ejercicio del derecho a la información.

Un efecto similar ha producido el conflicto originado por la reacción de la corporación judicial, sus mandantes y sus satélites –entre ellos “nuestros” candidatos– ante las reformas democratizadoras impulsadas por la Presidente.

Las elecciones de octubre serán definitorias en cuanto a avanzar o retroceder en la conquista de mejores condiciones de vida de los sectores populares. Por lo tanto, es importante destacar que la mentada despolitización es una estratagema orientada por esa especie de ideología de la desideologización, que no es otra cosa que uno de los disfraces con los que el neoliberalismo oculta los intereses nada neutrales que defiende.

Efectivamente, tanto el ex vicepresidente del voto no-positivo como el ex gobernador y jefe político del partido que gobierna Santa Fe desde hace diez años –provincia fuertemente favorecida con los ingresos por la soja, que sin embargo exhibe niveles de desigualdad social superiores al promedio– se preocupan por la inflación y proponen “establecer un esquema de metas de inflación...”, eufemismo por ajuste de salarios y achicamiento del gasto público, teniendo en cuenta que repiten la gastada comparación con la economía doméstica para recordar que “no se puede gastar más de lo que ingresa”. Se olvidan de la diferencia fundamental entre una familia –con recursos acotados– y un Estado con capacidad –recuperada por el gobierno nacional desde 2003– para incidir sobre el nivel general de actividad mediante la política económica. Tampoco hablan de las múltiples causas de la inflación; en particular, ni una palabra sobre el mantenimiento de la rentabilidad de los grandes grupos económicos, en un contexto de fuertes restricciones de la oferta derivadas de un reducido nivel de inversión.

El recetario de los candidatos en cuestión no podía eludir la crítica al control de cambios y de importaciones, posición que no sólo refleja un mal disimulado librecambismo dependiente, sino que oculta que estos controles son la norma en sus admirados países del norte: tanto EE.UU. como Europa imponen barreras arancelarias a nuestras exportaciones.

Así, no debe sorprender que para Cobos “este país supo tener la mejor infraestructura de América en la época en que el FF.CC. recorría todo el territorio, hay que invertir allí” (aquella infraestructura favorecía los intereses de Inglaterra bloqueando el desarrollo nacional). Para Binner “una correcta identificación de la estrategia de desarrollo económico debe considerar la inserción en el sistema financiero nacional e internacional” (¿Nuevo endeudamiento? ¿En qué condiciones?).

La coherencia ideológica del candidato al Congreso nacional por Mendoza queda fuera de toda duda cuando, haciendo alarde de sus convicciones, repite la letanía neoliberal que atribuye la pobreza y otros problemas sociales a causas culturales: “Hay valores que se han perdido... la cultura del esfuerzo y del trabajo...” y educativas: “La exclusión social para un chico es no estar preparado para el trabajo”.

Se comprende que, con estos candidatos del “progresismo” y sus chances para las elecciones de octubre, el país conservador puede dormir tranquilo.

* Ingeniero civil. Presidente del ENRE.