Si la libertad de expresión requiere de un volumen económico como el del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión? ¿O deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar ese agravio? Esa fue la pregunta número diez que los miembros de la Corte Suprema les hicieron a los representantes del multimedios durante la audiencia de ayer. Los abogados trastabillaron y la inquietud quedó sin respuesta.

Los únicos

Durante la mañana de ayer, la Corte Suprema interrogó a las partes involucradas en el expediente en el que se cuestiona la validez de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA): el Estado y el Grupo Clarín. El miércoles se habían escuchado a los amicus curiae, o terceros interesados, que el tribunal convirtió en exposiciones a favor de uno u otro.

Las preguntas, que eran leídas por el secretario de la Corte Christian Abritta y transmitidas por escrito en varias pantallas, fueron 59. 17 para Clarín, 36 para el Estado, 6 para un perito. El cuestionario no se limitó a las cuestiones técnicas ni a la discusión constitucional y demostró que los miembros del máximo tribunal tienen bien estudiado el tema. Cada parte fue interrogada sobre los planteos de su oponente. Se indagó sobre el origen de la ley, la necesidad de su existencia, qué se entiende por libertad de expresión, la aplicación actual de la norma y sobre la actividad económica del Grupo Clarín. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fue el único que intervino durante el debate, al formular algunas aclaraciones o repreguntas. El resto permaneció callado durante las tres horas y media.

Clarín estuvo representado por los abogados María Angélica Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino, quienes buscaron reforzar su argumento principal y casi único: que el hecho de tener que desprenderse de licencias de radio y televisión por cable (es decir de su posición dominante en el mercado) condicionaba la libertad de expresión. “Se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín y la afectación a la sustentabilidad afecta la libertad de expresión”, señalaban. “Lo único que se persigue es desguazar al Grupo Clarín”, dijo en el cierre Cassino, de melena anaranjada. Antes había argumentado que “el régimen de multiplicidad de licencias afecta la escala y el alcance del grupo. Cuanto más usuarios existen, los costos se reducen y hacen más posibles las inversiones y si se reduce la escala no se puede mantener la estructura tecnológica”. Afirmó también que el multimedios llevaba invertido en Cablevisión 1400 millones de dólares. Carrió aseguró que “si se altera la red actual, la sustentabilidad del grupo se va a perder y se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país”. En la misma línea, Gelli afirmó en el cierre que el Grupo Clarín “es el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación”.

Cuando los interrogaron acerca de si el resto de los medios que no tienen el mismo poderío económico no tienen garantizada la libertad de expresión, se pasaron la pelota. Gelli dijo que la ley establece alternativas para sustentar a los más pequeños, habló de la publicidad oficial y aprovechó para quejarse de un “cepo publicitario”. Lorenzetti les advirtió que no habían contestado.

Otro cuestionamiento que les planteó el tribunal fue si tenían problemas de sustentabilidad antes de la fusión entre Cablevisión y Multicanal y ellos contestaron que sí y que fue esa la razón de la unión. “Si el Grupo Clarín conservaba su estructura no podía permanecer en el mercado”, aseguró Cassino.

Más allá de las precisiones técnicas, fue el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, quien respondió durante su presentación final con más vehemencia a la principal idea enarbolada por los representantes de Clarín: “Todas, absolutamente todas las empresas de la Argentina, menos Clarín, presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida, o que todos tienen ganas de fundirse, no se entiende cómo el resto de las empresas sí están dispuestas a adecuarse voluntariamente. Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Si uno quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, el límite de la ley alcanza. Ahora, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para otros objetivos, si uno quiere tener otra empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere tener una compañía audiovisual para definir el rumbo del país, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para manipular la opinión pública o para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza” (ver pagina 5).

El Estado

Después de que los abogados de Clarín respondieran todas las preguntas, fue el turno del Estado. La abogada Graciana Peñafort y Daniel Larrache, director de Gestión, Administración y Desarrollo de la Afsca, llevaron la voz cantante. Los acompañaron el economista Horacio Seillant y el constitucionalista Eduardo Bascesat. Todos se acomodaron en el estrado que estaba en el costado izquierdo de la sala de audiencias y comenzaron a responder. El tribunal comenzó con uno de los caballitos de batalla de Clarín: “¿Por qué dicen que la ley está suspendida cuando hay una decisión de la Corte Suprema que establece su plena vigencia?”. Larrache contestó que la ley “se aplica todo lo que puede ser aplicada”.

Muchos interrogantes se formularon de distinto modo a cada parte. A Clarín, por ejemplo, le preguntaron por qué sostiene que la LdSCA, que busca desconcentrar la propiedad y aumentar la pluralidad de voces en beneficio del derecho a la información, afecta la libertad de expresión.

Al Estado, en cambio: “¿Por qué razón la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines previstos por la ley 26.522, en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones?”. Peñafort contestó que “por la magnitud tiene posición dominante, marca precios, condiciones de competencia, tiene prácticas predatorias y excluyentes y compra competidores para cerrarlos”.

Una de las preguntas apuntó a cuestionar por qué el Estado ratificó luego de la promulgación de la ley de medios la prórroga de las licencias de servicios de radiodifusión por diez años. “Era necesario para aplicar la ley. Nadie estaría interesado en adecuarse a la ley con una licencia que dure poco tiempo. La prórroga da certezas”, contestó Peñafort.

Los ministros del tribunal también quisieron saber por qué la ley fijó un máximo de 24 licencias para un operador de TV por cable, por qué quienes explotan una licencia de cualquier servicio de radiodifusión no pueden ser titulares de más de una señal de contenido y si la cuota del 35 por ciento del mercado es adecuada para prestar el mejor servicio al menor precio. Sobre las 24 licencias, los representantes del Estado contestaron que se evaluó el punto de inicio y que, en ese sentido, los licenciatarios tenían, en promedio, 1,6 licencias. Dar 24 hacía que sólo dos grupos tuvieran que adecuarse. “Era más que igualitario, con 24 se puede alcanzar el 35 por ciento del mercado y no pueden decir que se vulnera su derecho porque tendrían una compañía quince veces más grande que el promedio de los licenciatarios.” Dijeron también que el titular de una licencia de radiodifusión no puede tener más de una señal de contenidos porque “el que produce puede privilegiar sus señales o puede decidir no incluir señales de la competencias, también tiene que ver con la pluralidad de contenidos”. La pregunta sobre el límite de abonados y el precio del abono la respondió Seillant: “Hay que tener cuidado de no partir de presupuestos falsos, como suponer que economías de escala se trasladan a los precios. ¿Qué garantiza que un costo inferior se traslade a los precios? La única garantía es la competencia. Y eso no ocurre”.

El momento más confuso para el Estado fue cuando Lorenzetti preguntó si las licencias podían ser quitadas sin derecho alguno. “Las licencias se enmarcan en actividades de bien público, no es asimilable a una fábrica de galletitas”, respondió Peñafort. Luego aclaró que “no generaban derechos adquiridos, pero no se quitan discrecionalmente”.

Al llegar al momento de la pregunta 12, el secretario de la Corte leyó: “Si se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín, concedidas por el decreto 527/05, ¿por qué no se utilizó la misma vía, es decir un decreto dejándolas sin efecto?”. A Peñafort se le desorbitaron los ojos, se plantó y le dijo a Lorenzetti que era una pregunta mal formulada. Planteada así, la Corte aparecía dando por sentado, como dice el reclamo de Clarín, que la ley de medios fue aprobada sólo para perjudicar a ese holding. Lorenzetti balbuceó alguna aclaración. La abogada insistió con que el objetivo de la ley es “desconcentrar” el mercado.

La Corte también convocó al perito Néstor Alessandría que, con pocas palabras, favoreció en todo al multimedios. A pesar de que muchos de los presentes dieron por hecho que se trataba de un experto “de parte”, es decir, convocado por el Grupo Clarín, en realidad había sido introducido por la Cámara Civil y Comercial, que falló de acuerdo con los intereses de la empresa.

En el cierre, los representantes de Clarín hablaron de la “conducta errática del Estado, por prorrogar las licencias y luego sancionar la LdSCA”, dijeron que “aplicando restricciones no se genera competencia” y que “no hace falta sacar licencias a Clarín para que haya otras voces”.

Sabbatella centró su exposición en cuestionar el fallo de la Cámara Civil y Comercial que “declaró constitucional todo lo que no afecta a Clarín e inconstitucional todo lo que lo afecta”. Y concluyó: “La Argentina tiene un problema en relación con la concentración mediática que nos está lesionando, necesitamos solucionarlo y entendemos, y entendieron los legisladores, que esta es la herramienta para hacerlo. Por nuestra democracia no queremos nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática. Está en sus manos si la democracia puede seguir avanzando o retrocedemos”.