“Los usuarios y consumidores son los nuevos actores del siglo XXI y es justo que tengan sus derechos con una legislación moderna y eficaz”, remarcó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al presentar un paquete de tres proyectos de ley que enviará al Congreso. “Queremos darles el derecho a los consumidores de ser defendidos”, sintetizó. La iniciativa contiene tres nuevas herramientas. Por un lado, crea una instancia de conciliación obligatoria entre empresa y usuario o consumidor, a quien, de no haber acuerdo, dará la posibilidad de dirigirse a una autoridad administrativa. Allí encontrará un espacio que tendrá la capacidad de otorgar indemnizaciones o podrá acudir a un nuevo fuero judicial adaptado a sus necesidades, la Justicia del Consumidor.

Los proyectos apuntan a la modificación de la Ley de Abastecimiento y, a la vez, a regular el artículo 42 de la Constitución Nacional. Asimismo, se busca eliminar el principio legislativo solve et repete (pague y después reclame). También contemplan la reforma de las facultades de la Secretaría de Comercio de manera tal de eliminar la capacidad de encarcelar a quienes infrinjan las normas y, en cambio, aplicarles multas de hasta cinco millones de pesos. “Me parece muy bien suprimir el tema de la cárcel: duele más el bolsillo que otras cosas”, señaló CFK.

La nueva Justicia del Consumidor “será muy importante para acuerdos que no deban llegar a juicio o, si llegan a juicio, que sea por un proceso sumarísimo”, remarcó la Presidenta. Para la mandataria, el siglo XXI tiene como principales actores a los consumidores y a los usuarios, por lo que ellos deben ver garantizada “la protección de sus derechos”.

En su discurso, CFK destacó que, según un estudio realizado por el propio gobierno nacional, el 61 por ciento de las empresas denunciadas por sus usuarios son grandes firmas. Los reclamos que encabezan la lista están relacionados con la telefonía celular, seguidos por otros vinculados con planes de ahorros de automóviles, tarjetas de crédito, servicios de Internet y medicina prepaga.

Según apuntó Fernández de Kirchner, la mayor parte de esas denuncias se realizan por “entrega o prestación defectuosa” de los productos o servicios, mientras que en segundo lugar aparecen los reclamos por cobros indebidos. “En esta etapa de ampliación de derechos que venimos haciendo, incluir los derechos de los usuarios y consumidores es seguir ampliando derechos”, indicó.

De ser aprobados por el Congreso, los tres proyectos serán “buenos para los empresarios que producen bienes y servicios, porque van a lograr un mejor servicio y un producto que lo haga más competitivo”, consideró Fernández de Kirchner. “Estas leyes no son sólo para proteger a usuarios y consumidores, sino que dan más competitividad a la economía”, añadió.

El viceministro de Justicia, Julián Alvarez, fue el encargado de dar los detalles de los proyectos en el acto en Casa Rosada. El funcionario aseguró que “este paquete de leyes hará cumplir el artículo 42 de la Constitución Nacional”. “Hay que identificar dónde están los problemas y este sistema será novedoso, porque será de empoderamiento sobre cómo deben ser las cuestiones centrales del servicio de atención al cliente”, afirmó.

En ese sentido, Alvarez explicó que, actualmente, cuando existe una multa, las empresas apelan esa decisión y “se va a un proceso ordinario, que es para cuando hay igualdad ante las partes”. Pero, remarcó, “acá no estamos ante igualdad de partes”.

Por ese motivo, el nuevo sistema propuesto por el gobierno nacional sostendrá que, en caso de duda, “el principio rector es que la razón la tendrá el consumidor, que es el actor vulnerable”. A partir de ese momento, el usuario tendrá designado un mediador y el empresario será citado a una mediación. “Esperamos que de esta manera los empresarios mejoren sus servicios de atención al cliente para no llegar a esta mediación obligatoria”, concluyó Alvarez.