“Decir que entramos en default es una pavada atómica”, afirmó el ministro de Economía, Axel Kicillof. Con esa contundencia el funcionario rechazó la denominación de “default” impuesta desde las empresas calificadoras de riesgo y celebrada por los fondos buitre. El miércoles culminó el período de gracia definido en los contratos de los títulos de deuda para que se acredite, en las cuentas de los bonistas del canje, el depósito realizado por Argentina a fines de junio, paralizado por las órdenes del juez Thomas Griesa. “Estamos en una situación inédita e insólita. No tiene nombre. Pero claramente si un nombre no tiene es default. Argentina considera que esto no es un incumplimiento de sus obligaciones, nosotros pagamos el vencimiento cuando depositamos los 539 millones de dólares en las cuentas del Bank of New York”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.

“Los mismos que hoy dicen que estamos en el apocalipsis, en 2001 decían que estábamos en carnaval”, recordó el funcionario que ayer regresó al país desde Nueva York. En las oficinas del abogado Daniel Pollack, el mediador impuesto por la Corte del Distrito Sur de Manha-ttan, mantuvo por primera vez conversaciones cara a cara con los representantes legales de los fondos como NML Capital y Aurelius.

Acompañado por los miembros del equipo económico, Kicillof ofreció ayer una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, donde reiteró la imposibilidad para cumplir al pie de la letra la sentencia convalidada por toda la Justicia estadounidense y remarcó la necesidad de una medida cautelar que suspenda las órdenes del magistrado hasta fin de año para no violar la cláusula RUFO. “El problema es que el juez perjudica a terceros. Está poniendo en peligro a los bonistas que entraron al canje. Argentina tiene reservas suficientes para realizar este pago y los próximos. ¿Por qué entraríamos en cesación de pagos? Es algo ridículo. Esto es para el libro Guinness de la incongruencia”, dijo Kicillof al enfatizar la voluntad de negociación del país pero en condiciones “legales, equitativas y sustentables”.

Como explicó la semana pasada Página/12, el default no es un concepto abstracto sino un término preciso, definido en el contrato de fideicomiso que vincula a la Argentina con el fiduciario, el BoNY, y los bonistas. Ayer Kicillof ofreció precisiones técnicas y legales para argumentar la inexistencia de un incumplimiento en los términos contractuales acordados con el 92,4 por ciento de los acreedores del canje. En ese sentido, enfatizó que ningún reclamo de los tenedores de bonos es automático, ya que, por ejemplo, para reclamar la “aceleración” de los vencimientos –en lugar de esperar a las fechas acordadas solicitan el pago anticipado del capital e intereses de los bonos Discount– se requiere reunir un 25 por ciento de los bonos e iniciar el reclamo a través del Bank of New York.

“Supongamos que el BoNY decide considerar esto como un incumplimiento, la República Argentina está segura de que esto no es un evento de incumplimiento, va a apelarlo ante un juez, entonces esto pasa a judicializarse antes de que haya ninguna consecuencia”, señaló el ministro.

“Argentina va a proteger la reestructuración exitosa donde entró el 92,4 por ciento de los acreedores. Si tuviéramos el 99 por ciento también tendríamos a los buitres acechando”, indicó Kicillof en el microcine del quinto piso del Palacio de Hacienda. El funcionario advirtió que, a diferencia de las leyes de quiebras para las empresas donde un 66 por ciento de adhesión a una oferta por parte del deudor obliga a la totalidad de los acreedores a ingresar, los estados soberanos no cuentan con ese instrumento. “No-sotros seguimos abiertos al diálogo. Este gobierno se ha caracterizado por el diálogo”, reiteró el ministro. “Vamos a defender los intereses de los argentinos. Los que entraron al canje y confiaron en el país van a seguir cobrando, vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea, más allá de que por un juez ahora estén trabados”, insistió acompañado por el viceministro de Economía, Emmanuel Agis; el secretario de Finanzas, Pablo López, y el responsable del área legal de esa cartera, Federico Thea. También estuvo presente el secretario de Comercio, Augusto Costa.

“Los privados no han cobrado. Nosotros responsabilizamos al juez Griesa. Ellos tienen un perjuicio económico. El juez Griesa ha generado un problema entre privados, porque por él unos no pueden cobrar”, explicó el funcionario. Por ese motivo, consideró plausible un acuerdo entre los fondos buitre y terceras partes interesadas en garantizar el normal desempeño financiero de Argentina. “El Gobierno no se opone a un acuerdo entre privados. El Gobierno no les puede pagar más a los buitres, porque si hacemos eso van a venir otros juicios reclamando eso”, explicó el funcionario (ver aparte). “Si los bancos quieren poner plata, pero de la suya, el Gobierno no se opone”, sostuvo Kicillof. “Si los bancos creen que es conveniente, por generosidad o patriotismo, poner plata suya, no nos oponemos. Bienvenido todo el mundo que quiera contribuir, pero con su plata”, insistió el ministro.

“Por presiones externas e internas no podemos firmar cualquier cosa. Los problemas vienen después y no vamos a cometer ese error”, indicó Kicillof al referirse a las consecuencias económicas, políticas y legales de operaciones financieras “ruinosas” como el Blindaje y el Megacanje. “Los problemas que tenemos son los bonos de 2001, son los millones de dólares que se contrajeron de deuda. Hemos resuelto todo el default, menos un 7 por ciento. Y, el 1 por ciento de ese 7 por ciento encontró el camino para que un juez le dé la razón, contra toda la orquesta de países del mundo”, advirtió el funcionario.