“Hasta el día 30 (de julio) la disputa era por lograr el stay, la cautelar para que el juez permitiera que los bonistas cobraran; pero eso ahora ya pasó, se inicia una nueva etapa, en la que hay que concentrarse en lograr que el Bank of New York libere los pagos, porque al responder a una orden del juez Griesa está incumpliendo su obligación y perjudicando a la Argentina y a los bonistas.” El análisis es de un asesor de pequeños bonistas italianos, y coincide con una de las principales líneas de acción que se trazan desde el Ministerio de Economía, además de la denuncia a la SEC por la maniobra con los seguros de default (ver aparte). El comunicado emitido el jueves por el New York Mellon, confirmando que “conservará los fondos (girados por Argentina) en sus cuentas en el Banco Central” dado que “están sujetos a una orden de la Corte de Nueva York”, coloca a la entidad contratada para liquidar los pagos en el centro de la mira de los principales damnificados por la decisión del juez Thomas Griesa: los bonistas y la propia República Argentina. El próximo paso, el más probable, sería la presentación por parte de los primeros ante un tribunal de Nueva York para que “ordene” al Banco liberar la disponibilidad de esos fondos, retenidos “sin ningún derecho por una causa en la que los bonistas no son parte”, y evitar así que Griesa pudiera repetir la maniobra en los próximos vencimientos.

Tanto los abogados de la Argentina como los que asesoran a los bonistas que ingresaron al canje coinciden en que la resolución de Griesa respecto del bloqueo de los pagos deja en una posición vulnerable al Bank of New York. “Si el juez tuviera algún derecho a disponer sobre esos fondos que ya transfirió Argentina, los habría embargado y puesto a disposición de los fondos buitre, pero no lo hace porque no hay juez en el mundo, por poderoso que sea, que pueda demostrar la legalidad de embargar la plata de los bonistas, en favor de terceros, los fondos buitre, que nada tienen que ver con ellos”, señaló el doctor en Leyes Tullio Zembo, que asesoró a los bonistas de su país, Italia, desde antes del primer canje (2005), pero que decidieron su adhesión recién en el segundo (2010). “Imagine que si estos fondos buitre están buscando cualquier activo en el mundo para poder embargar, incluso llegaron a hacerlo sobre la Fragata Libertad, que no puede valer más que algunos millones de dólares, ¿cómo no iban a embargar estos 500 millones de dólares en efectivo si pudieran? Pero saben que esos fondos ya no son de Argentina”, indicó. La resolución de Griesa de “bloquear” los fondos coloca entonces al BoNY en una situación compleja, porque es ilegal. “El Banco podría haber hecho una presentación judicial contra esa resolución, porque también se ve damnificado por la misma”, apuntó Zembo. Pero no lo hizo, y en cambio envió una comunicación este jueves a los acreedores indicando que seguirá reteniendo sus fondos hasta que el tribunal de Griesa indique algo diferente. “La naturaleza y la fecha de una futura orden de la Corte respecto de los fondos aún no se conocen”, señala la comunicación del BoNY en términos que pretendió fueran abstractos. Ante esta toma de posición del BoNY, Zembo estima que “los bonistas van a actuar contra el Banco, llevando la causa a otro tribunal para que le ordene pagar con las consecuencias que se deriven, porque no es solamente obtener los fondos después de tres meses o seis meses que transcurran hasta que la orden se cumpla, sino además con todas las derivaciones en materia de daños y demás”. Por su lado, Argentina ya intimó al BoNY a que pague de acuerdo a las obligaciones fijadas por contrato, y el siguiente paso sería demandar judicialmente el cumplimiento del compromiso.

Ese paso sería necesario no sólo para demostrar el compromiso argentino de estar haciendo lo posible para que sus acreedores puedan cobrar, sino además porque una medida cautelar en favor del pago a los bonistas impediría que Griesa repita el bloqueo en el próximo vencimiento de bonos (en septiembre). Si otro juez dictara una cautelar liberando los recursos, en opinión de Tullio Zembo “sería una acción que concierne a la forma de pago, y naturalmente el próximo pago queda sujeto a esa situación”, señaló.

Este mecanismo es el que los bonistas esperan que ponga en acción el gobierno argentino contra el BoNY. “¿Qué alternativa hay para garantizar el próximo pago? ¿Llamar a otro canje para cambiar la jurisdicción de los bonos? Es una locura, una movida que sólo puede pensarse sin el conocimiento de la complejidad que implica. La medida más rápida es aclarar bien en la Justicia el derecho de los bonistas a cobrar, para que Argentina pueda seguir cumpliendo”, sostiene Zembo.

La cautelar hubiera despejado el problema. Pero el juez se había negado en dos oportunidades a concederla y, finalmente, esta semana lo hizo por tercera, cuando los mercados “celebraban” en forma anticipada esperando que, esta vez, procediera en forma diferente a las dos anteriores.