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El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró ayer que el Gobierno destinará el año próximo 30 millones de pesos adicionales a controlar que las empresas no contraten personal en negro y aclaró que la idea es “establecer un sistema mediante el cual todas las empresas, todos los años, sean inspeccionadas al menos una vez”. “Nos hemos puesto como objetivo alcanzar en un año la inspección de 200 mil establecimientos”, dijo Tomada en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Para viabilizar ese objetivo, la cartera laboral recuperó además la potestad de sancionar a las empresas en la que compruebe la presencia de trabajadores no declarados. Hasta ahora, sus facultades estaban limitadas a la inspección, con las que hasta ahora había obtenido el blanqueo de aproximadamente 25 por ciento del trabajo en negro detectado, según declaró ayer el ministro, “sin necesidad de pasar a la segunda etapa, que es la sanción y la multa” por la deuda previsional.