El titular de la Anses, Sergio Massa, confirmó que el organismo a su cargo inició una investigación por irregularidades en las jubilaciones otorgadas a funcionarios de la Cancillería. Según pudo saber Página/12, están en la mira 180 casos de diplomáticos de carrera, con jubilaciones de entre 6000 y 7000 pesos. La pesquisa apunta a determinar si la Dirección de Recursos Humanos del ministerio entregó certificados apócrifos de servicios para abultar los haberes jubilatorios de los diplomáticos. El canciller Jorge Taiana ya fue informado del delicado asunto y decidió abrir un sumario interno para acompañar la investigación. La Anses, por su parte, presentaría una denuncia penal contra los involucrados.

“En lo que va del año, en cobros indebidos hemos recuperado unos siete millones de pesos”, contó ayer Massa, en declaraciones a Radio del Plata.

Y reveló que “abrió un sumario interno en la Cancillería y estamos haciendo un análisis de la totalidad del universo de los beneficios otorgados”. El funcionario explicó que “no se trata de jubilaciones falsas, sino de certificaciones con alguna dificultad en los servicios que acreditan”, lo que representaría diferencias en el “monto de las jubilaciones”.

Fuentes de Cancillería y de Anses dijeron a Página/12 que la lupa está puesta sobre la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que certificó servicios sin la participación del Area de Gestión Previsional de la propia Cancillería, que también debería haber actuado. Las certificaciones bajo sospecha varían el rango de los funcionarios, lo que inflaría las jubilaciones: por ejemplo, de consejero a ministro o de embajador a embajador plenipotenciario.

Los funcionarios diplomáticos se jubilaban bajo un régimen especial contemplado en la ley 22.731. Los requisitos para acceder al beneficio previsional son 65 años para los hombres y 60 años las mujeres, al igual que el régimen general y acreditar 30 años de servicios, pero 20 años como mínimo en el servicio exterior. Para este régimen especial, como para tantos otros todavía vigentes, no corre el tope jubilatorio que fija la ley previsional, actualmente fijado en 3473 pesos. De ahí que muchas de las jubilaciones investigadas, otorgadas en los últimos 7 años varían entre los 6000 y 7000 pesos.

Massa afirmó que “cuando tengamos los mecanismos judiciales abiertos se informará sobre la totalidad de los casos y sobre el perjuicio fiscal”. Sólo en lo que va del año, la Anses ya recuperó 7 millones de pesos en jubilaciones que eran cobradas de manera indebida. El año pasado se detectaron ilícitos que permitieron recuperar para el Estado 26 millones de pesos en beneficios previsionales gestionados ilegalmente. Además de los mecanismos de auditoría internos, Massa creó dentro del organigrama de Anses la Unidad de Investigación de Delitos Previsionales, a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan. Desde allí, se han realizado en los últimos años resonantes denuncias de fraudes con beneficios previsionales y asistenciales, como los planes Jefas. Siempre el objetivo es doble: recuperar los fondos birlados al Estado y llevar a la Justicia penal a los responsables.