Juan Pinto, un joven argentino de 22 años, entró en su noveno día de huelga de hambre en una cárcel de Barcelona, España, donde está detenido desde febrero, acusado de “atentado a la autoridad” y “lesiones graves”, por su supuesta participación en una pelea entre miembros de la Guardia Urbana local y unas 1200 personas que participaban de una fiesta que se realizaba en un teatro ocupado desde hace cuatro años por grupos de inmigrantes. Pinto, que tiene su documentación en regla y la doble nacionalidad, afirma que cuando fue detenido “ni siquiera había entrado al lugar de la fiesta” y niega haber participado en los hechos por los cuales se lo acusa junto con otros dos jóvenes chilenos, Alex Cisterna y Rodrigo Lanza, que también cumplen el ayuno entre rejas. Los acompaña en la protesta, fuera de la prisión, Mariana Huidobro, madre de uno de los chilenos. María Inés Garrido, la mamá de Pinto, se entrevistó ayer con el cónsul de España en Buenos Aires, Manuel Fairen Sáenz, a quien le pidió su intervención por considerar que su hijo sufre “una detención arbitraria y xenófoba”. En la misma causa y bajo los mismos cargos están acusados seis europeos que “recuperaron la libertad a pocos días del suceso”, explicó a Página/12 la madre de Pinto.

Desde Barcelona, donde vive con su esposo, argentino como ella, la hermana del joven detenido, María José Pinto, denunció: “A Juan lo golpearon de una manera terrible en el momento de la detención, el 4 de febrero. Le quebraron una mano, los dedos, un brazo y le arrancaron un mechón de pelo, dejándole un agujero en la cabeza”. La abogada española de Pinto, Encarna López Manrique, agregó ante una consulta de este diario que la jueza de instrucción número 8, a cargo del caso, Carmen García Martínez, “todavía no resolvió nada acerca de esa denuncia por torturas”. Sólo adelantó que será analizada en una causa paralela.

“Es desmesurado y arbitrario que se rechace la excarcelación de Pinto y de los dos jóvenes chilenos, cuando ya han sido dejados en libertad los otros seis imputados”, sostuvo la abogada española. Precisó también que la jueza rechazó el pedido de Pinto argumentando que “como tiene parientes en la Argentina, se puede fugar. No se tiene en cuenta que tiene a su hermana y a su cuñado viviendo en Barcelona, en una casa propia”. La jueza, por su parte, justificó la decisión teniendo en cuenta que durante los disturbios sufrió heridas graves –un fuerte golpe en la cabeza, con fractura de cráneo– uno de los guardias urbanos.

Sobre la forma en que fue herido el policía hay dos versiones en pugna. Al día siguiente de los enfrentamientos, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, declaró ante varios medios de prensa –la abogada de Pinto conserva las cintas grabadas– que el guardia urbano fue golpeado por una maceta que cayó desde una de las plantas altas del edificio del teatro Sant Pere Mes Baix. A las pocas horas, Clos cambió su versión y aseguró que, según los datos aportados por la policía, al guardia lo habían golpeado con “una piedra lanzada desde la calle y los culpables están perfectamente identificados”. La abogada de Pinto aseguró, en cambio, que “no hay pruebas en contra de los imputados, salvo las declaraciones de tres de los guardias urbanos, que incluso se contradicen entre sí”.

El edificio donde ocurrieron los hechos no funciona como teatro desde hace más de cuatro años. Desde entonces fue ocupado por grupos de inmigrantes y luego fue expropiado por el municipio de Barcelona. Son frecuentes las denuncias de los vecinos por ruidos molestos o por supuestos hechos delictivos. Sobre todo el tráfico de drogas. Pinto y sus dos compañeros chilenos aseguraron, en su declaración judicial, que no habían ingresado al lugar donde se hacía la fiesta. Agregaron que la policía los golpeó y los llevó detenidos, cuando ellos intentaban alejarse para no verse involucrados en los hechos de violencia.

Los tres chicos sudamericanos fueron llevados detenidos, en primera instancia, a la prisión conocida como “La Modelo”, en el barrio de Sants. Pocos días después fueron trasladados al Centro Penitenciario de Jóvenes de la Trinidad, donde siguen alojados. Esta es una unidad penitenciaria destinada a jóvenes de hasta 25 años de edad. María Inés Garrido y Salesa Rodríguez Pérez, la mamá y la abuela española de Pinto, se entrevistaron ayer con el cónsul de España en Buenos Aires. “Le planteamos nuestra preocupación por la situación que vive Juan y por su estado de salud. Ahora se encuentra en la enfermería del penal, por precaución, ya que lleva más de una semana de ayuno por tiempo indefinido”, explicó Garrido. El diplomático sólo les dijo que iba a “consultar a las autoridades españolas para saber cuál es la situación procesal” del joven.

La mujer consideró que se trata de “un caso de discriminación y de xenofobia, porque están recibiendo un maltrato evidente. Nuestra abogada en Barcelona nos dijo que es un castigo incomprensible. Además, se olvida su condición de ciudadano español. Lo detuvieron sin pruebas y sin testigos presenciales que lo acusen. Sólo hablaron los policías”, insistió.