Fueron dos años de estudio y análisis de legislaciones comparadas con un objetivo claro: elaborar un proyecto que modifique integralmente el Código Penal. Era una tarea pendiente desde 1960 y, según especialistas en la materia, también necesaria. Porque para el Código actual ciertos delitos contra la propiedad deben ser castigados con penas más graves que los delitos contra la vida. Otra incongruencia, si se tiene en cuenta la historia argentina reciente, es la ausencia del genocidio como una figura penal específica. Pero los dos años que le dedicaron los siete juristas de la comisión, convocados para esa función por el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, se toparon ayer con un obstáculo. La palabra de Juan Carlos Blumberg. “Es un zafarrancho. Está escrita por los presos de las cárceles”, opinó. Pero el empresario no se quedó sólo en palabras. También prometió organizar una marcha a Plaza de Mayo si el Congreso aprueba las reformas en cuestión. “Vamos a demostrar que somos muchos los que nos oponemos (a los cambios en el Código)”, advirtió.

Blumberg asistió ayer a la reunión de la Comisión de Legislación Penal de Diputados. Se había enterado de que los legisladores de la comisión debatirían sobre el principio de oportunidad, una iniciativa que permite que los jueces puedan iniciar o no la acción pública según se trate de delitos graves o menores. Se supone que esa norma contribuiría a “descongestionar” el sistema judicial. A la reunión estaba invitado el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar, uno de los promotores de la reforma del Código Penal. Blumberg se presentó en el Congreso para repudiar ante el propio Slokar las reformas que se están estudiando en la comisión de juristas.

Pero Slokar no asistió a la sesión. Igualmente, Blumberg hizo saber su rechazo a la iniciativa. Estaba respondiendo a una convocatoria abierta desde el Ministerio de Justicia. Porque hace unos días la cartera que preside Alberto Iribarne dictó la resolución 736, por medio de la cual se somete a consulta pública el documento de trabajo de la comisión de juristas. La idea es que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan expresar su opinión sobre los cambios que se proponen para el Código Penal. ¿Y cuáles son los puntos principales del anteproyecto tan polémico (al menos para Blumberg)?

- Se privilegia como bien jurídico la vida, considerado el valor principal, por sobre la propiedad y otros bienes.

- Se reducen algunas penas, pero para que se cumplan efectivamente.

- Se elimina la prisión perpetua y se la cambia por los 30 años de prisión efectiva como castigo máximo.

- Para algunos casos se establecen penas alternativas y graduales, como salidas sociolaborales, detención nocturnas y detención de fin de semana.

- Se elimina la reincidencia como un agravante con el argumento de que no puede haber doble punición por un mismo hecho.

- Se establecen los delitos de genocidio, desaparición forzada de personas y otros delitos de lesa humanidad. Serían los más graves.

- Se crean los delitos contra “el orden económico” y “el medio ambiente” y se elevan las penas contra los actos de corrupción.

Los especialistas que están trabajando en la reforma del Código son el jurista Daniel Erbetta, los penalistas David Baigún y Edmundo Hendler, los jueces Alejandro Tizón y Carlos Chiara Díaz, el fiscal Javier De Luca y el constitucionalista Gustavo Ferreyra. Miembro del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, Chiara Díaz estuvo ayer en la Comisión de Legislación Penal del Congreso. Allí se encontró con Blumberg, quien llegó acompañado por sus asesores, entre ellos el abogado Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla.

Cuando Blumberg se iba, uno de sus asesores se acercó a Chiara Díaz y le pidió una copia del proyecto de reforma. Consultado por Página/12, el jurista se manifestó sorprendido por la actitud del padre de Axel. “Está hablando de algo que no ha leído. Ni siquiera sus asesores. A la gente hay que dejar de engañarla. Ellos pretenden que con las marchas y las subas de las penas van a mejorar la seguridad, pero se ha demostrado que no es así”, dijo Chiara Díaz. Ahora habrá que ver a quién escuchan los legisladores.