Abogada, de 35 años, casada y con dos hijos, Romina Picolotti es la representante del Estado entrerriano en el juicio ante la Corte Internacional de La Haya y patrocina también a los vecinos de Gualeguaychú en otros dos reclamos contra la instalación de las papeleras: ante el Banco Mundial, para que no financie la construcción de las obras, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Picolotti ha sido la encargada de la estrategia destinada a cortar los créditos a Botnia y Ence. Hace dos meses consiguió que el banco holandés ING Group se retirara del proyecto de financiar a las pasteras. Partió de un rastreo sobre qué bancos tenían solicitudes de préstamos para construir las plantas y qué principios de responsabilidad social estaban obligados a cumplir. “En base a eso los demandamos frente a sus propios directorios, ante sus accionistas y en Naciones Unidas. Es un recurso cuasi jurídico, pero que está dando resultados”, explicó recientemente a Página/12. Picolotti ha presentado denuncias similares ante los bancos estatales de España y Finlandia.

Su abuelo estuvo detenido durante la última dictadura. Su padre, abogado, fue defensor de los derechos humanos. Graduada en la Universidad de Córdoba, Picolotti hizo un master en Derecho Internacional en la American University, en los Estados Unidos. En 1999 creó el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), una ONG dedicada a mejorar el acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de contaminación. Por su trabajo en el tema, pero fundamentalmente por las denuncias contra las pasteras, recibió hace diez días en Noruega el Premio de la Fundación Sophie, un reconocimiento a la defensa del medio ambiente que incluyó una retribución de cien mil dólares.

Entre las acciones que le valieron el premio, la abogada había presentado, en septiembre del año pasado, una denuncia ante la CIDH por las pasteras como representante legal de 39.633 vecinos de Gualeguaychú. Aquélla fue una de sus primeras acciones ante los tribunales internacionales. Se planteó allí que el Estado uruguayo, al no garantizar el cuidado del medio ambiente, violaba derechos protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica. También como abogada de la asamblea ambientalista, reclamó a la ombudsman del Banco Mundial por las fallas del estudio de impacto mundial en base al cual el organismo debe librar 400 millones en créditos para las dos empresas.

Picolotti fue consultada y luego contratada como asesora por el gobierno de Entre Ríos por el caso de las pasteras. Luego harían lo mismo los asambleístas y, finalmente, se sumaría al equipo que presentó ante la Corte Internacional de La Haya la demanda argentina contra Montevideo.

En su currículum figura una serie de trabajos vinculados con los derechos humanos con Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos: en 1995 dirigió en Camboya un equipo de expertos que “ayudó a restablecer la integridad judicial”. También fue directora del Departamento América latina del International Human Rights Law Group en Washington.