La AFIP exigirá a administradores de countries, barrios privados y consorcios de edificios de alto valor que informen sobre las expensas que pagan los habitantes de esas propiedades. A partir de la semana próxima, toda la información sobre las expensas, cuotas sociales y demás gastos de los propietarios deberá ser enviada al organismo fiscal, vía Internet. Con este nuevo requisito la AFIP buscará cerrar el círculo mediante el cruce de datos sobre los evasores del impuesto a los Bienes Personales. Además, el organismo chequeará en el caso de que los inmuebles estén alquilados que sus dueños declaren esa renta en el impuesto a las Ganancias. Pero fundamentalmente, al empadronar todas las propiedades de lujo, la AFIP investigará el origen de los fondos con que fueron construidas o adquiridas.

Según la resolución firmada por el titular de la AFIP, Alberto Abad, a la que accedió Página/12, los administradores o presidentes de consorcios de countries, barrios privados y clubes de campo deberán informar sobre las expensas y gastos de los ocupantes cuando cumplan alguno de los siguientes requisitos:

- Que el terreno sea mayor a 400 metros cuadrados.

- Que las expensas sean superiores a los 400 pesos.

En el caso de los edificios de propiedad horizontal la obligación de informar estará dada por alguna de estas dos condiciones:

- Que el departamento tenga más de 100 metros cuadrados.

- Que las expensas sean mayores a 400 pesos mensuales.

La información a presentar tendrá una fecha de cierre semestral. Por ejemplo, toda la información del primer semestre de cada año deberá ser presentada antes del último día hábil de julio, y la del segundo semestre, antes del último día hábil de febrero.

La puesta en marcha del registro tendrá carácter retroactivo. Así, los administradores deberán ya informar todos los pagos de expensas del segundo semestre de 2006, y en este caso el plazo máximo para transferir vía Internet los datos a la AFIP vence el 30 de marzo próximo.

“La AFIP va a entrar a los countries por Internet”, aseguró Abad en diálogo con este diario. Con este sistema, el organismo monitoreará a los contribuyentes, personas físicas, de alto poder adquisitivo, para corroborar si declaran sus propiedades en el impuesto a los Bienes Personales. Además, investigará las propiedades a nombre de sociedad off shore, en general sociedades uruguayas, un método habitual al que recurren algunos contribuyentes para eludir el pago de Bienes Personales. El impuesto a los Bienes Personales se aplica sobre un patrimonio superior a los 102.300 pesos, y la alícuota es de 0,75 por ciento sobre el excedente del mínimo no imponible. Desde la devaluación, ese mínimo no fue modificado, con lo cual el llamado “impuesto a la riqueza” hoy alcanza al propietario de cualquier departamento valuado en más de 40.000 dólares. Sin embargo, esta vez la AFIP sólo apuntará a los dueños de inmuebles de mayor valor.

En segundo lugar, el registro servirá para seguir la ruta del dinero invertido en la compra o construcción de los inmuebles. “Cuando alguien tiene una propiedad de 200 mil o 300 mil dólares y no puede justificar el origen de los fondos, algo huele a podrido”, dice Abad.

No es ningún secreto que buena parte del boom de la construcción fue financiado por “dinero negro”, proveniente de actividades no declaradas ante el Fisco. Así, el organismo podría detectar “incrementos patrimoniales no justificados” (ver aparte), lo que le permitirá a su vez realizar ajustes sobre el impuesto a las Ganancias.

En tercer lugar, en el caso de que los inmuebles estén en alquiler, el ente recaudador cruzará datos para determinar si esa renta gravada por el impuesto a las Ganancias fue declarada por los dueños.

La AFIP decidió implementar el nuevo “régimen de información de consorcios” luego de analizar una muestra de titulares de viviendas de “alta gama” o “premium”. Se relevaron ocho complejos de edificios en Capital, cuatro en Córdoba, tres en Santa Fe, uno en Mendoza y uno en Pinamar. La mayoría no había presentado declaración jurada de Bienes Personales, justificaba la inversión por supuestas herencias y muchos de ellos estaban inscriptos en el monotributo.