A fines de 2002, el cuerpo de inspectores del Ministerio de Trabajo había quedado reducido a un plantel de 20 personas. El gobierno nacional había perdido el poder de policía en las relaciones laborales ocho años antes, a instancias de Domingo Cavallo. El Estado ya no tenía autoridad para fiscalizar y sancionar el fraude en las contrataciones, y las provincias habían ignorado esa nueva atribución. El FMI pedía cada vez más flexibilización y los controles habían pasado a mejor vida. La cultura que se forjó con todos esos ingredientes caló hondo y sigue presente hoy, a cinco años del estallido de la crisis. Grandes y medianas empresas como Multicanal, CTI, Petrobras Energía, Mapfre, Red Megatone, Correo Andreani, el supermercado Día y hasta la productora que participó de la organización de los conciertos de Robbie Williams en River fueron sancionadas por diversas infracciones laborales.

La lista surge de inspecciones realizadas por la cartera laboral, que avanza con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo que lanzó hace dos años. Y hay más ejemplos: las marcas de indumentaria y calzado All Star, Cheeky y Lucía Ricci, constructores de las torres Le Parc, el mayorista de golosinas y cigarrillos Potigian, los productores de madalenas Dulcypas y la ya citada BDA Producciones, que trabajó en la visita del cantante inglés a la Argentina.

“Hay emprendimientos y actividades con alta rentabilidad que no deberían tener ni una sola irregularidad”, denunció Julio Casavelos, subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, a cargo del funcionamiento operativo del plan. “Hace poco fuimos a un edificio que se está construyendo en Luis María Campos y Dorrego, en Las Cañitas, una zona en la que el metro cuadrado vale 2000 dólares, y de 38 trabajadores inspeccionados 32 estaban en negro”, agregó, en diálogo con Página/12, para denostar las consecuencias de tantos años sin controles.

De acuerdo con datos oficiales del Indec, el 43,1 por ciento de las personas que trabajan no están registradas, por lo cual carecen de obra social, no aportan para su jubilación y no cobran asignaciones familiares. En la década del ’80, el empleo en negro promediaba el 20 por ciento. En 1990 saltó a 25,2, y siguió escalando: 30,3 en 1995, 37,4 en 2000, 38,5 en 2001, 44,8 en 2003 y 48,5 en 2004. A partir de entonces, la recuperación de la economía y las campañas de fiscalización lo redujeron al nivel actual. Casavelos reveló que el objetivo del Gobierno para este año es terminar por debajo del 40 por ciento. “Nos fijamos la meta de bajar por lo menos tres puntos este año y la vamos a cumplir”, prometió.

Guillermo Zuccotti, director nacional de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, sostuvo que deben considerarse dos elementos en la comparación de cifras entre la década del ’80 y el presente: la primera es que los cambios de perfiles productivos y la sistematización del trabajo desataron un proceso de informalidad en todo el mundo, del que la Argentina no fue ajeno. En segundo lugar, que dentro del universo del 43,1 por ciento el Indec computa trabajo discontinuo y cuentapropismo que “no forman parte del universo de trabajadores institucionalizados que identifica el Plan de Regularización del Trabajo para las inspecciones”. El funcionario, a su vez, cargó contra economistas como Osvaldo Giordano, quien en una publicación reciente cuestionó la eficacia de los controles para inducir la contratación formal. “El fue el delegado de Cavallo en el Ministerio de Trabajo que organizó las modalidades flexibilizadoras que nos dejaron la mochila del empleo en negro y la desocupación record”, sentenció.

En 2005, el Gobierno recuperó para el Estado nacional el derecho de controlar y sancionar las infracciones laborales. Tras ello, puso en marcha el Plan de Regularización, que el último año aumentó un 58 por ciento la cantidad de empresas inspeccionadas (fueron 167 mil, contra 106 mil de 2005 y 89 mil de 2004). El cuerpo de inspectores fue creciendo de manera paulatina y en este momento abarca a 400 personas en todo el país. Otros 400 empleados cumplen funciones de procesamiento de datos recabados en las inspecciones, administración y planificación. A lo largo de 2006, se incorporaron 220 agentes al plan. “Sólo para albergar al personal administrativo tuvimos que alquilar un edificio al lado del ministerio”, ejemplifica Casavelos. “El plan tuvo una primera etapa de instalación. Empezamos de cero, de la inexistencia total. Ahora estamos en un período de consolidación”, describió Zuccotti.

Casavelos anticipó un anuncio oficial que hará el ministro Carlos Tomada en los próximos días: 120 inspectores de la Anses y de la Superintendencia de ART se sumarán al equipo de fiscalizadores laborales, con lo cual ese cuerpo pasará a tener 520 agentes en la calle. “Lo importante es la presencia del Estado en el control de las relaciones laborales. En los ’90 el trabajo era una mercancía más, regulada por el mercado. El Estado tiene que intervenir y va a intervenir”, afirmó Casavelos.

Una dificultad estructural para combatir el empleo no registrado es que muchas empresas caen en el fraude laboral porque en realidad toda su actividad es en negro. Su primer objetivo es evadir impuestos. Esto ocurre habitualmente en empresas chicas, que generan puestos de trabajo informales. En un contexto de alta desocupación, el Gobierno prefiere poner el foco en otro lado.

Cuando los agentes del Ministerio de Trabajo realizan una inspección, su tarea es recolectar los datos de quienes allí se desempeñan. Por ese motivo es importante la colaboración de los trabajadores. “Muchas veces nos pasa que se escapan por una puerta trasera, sobre todo en restaurantes, por temor a sanciones del empleador. Pero tienen que saber que están protegidos”, indicó Zu-ccotti, quien también pidió a aquellos que estén contratados de manera irregular que lo denuncien al 0800-666-4100. “La denuncia es anónima y se procesan absolutamente todas las que recibimos. Es una fuente de información fundamental”, aseguró.

El 37 por ciento de las empresas encontradas en infracción regularizan su situación antes de acudir a los 30 días a la cartera laboral a hacer su descargo. En ese caso, la multa es de 300 pesos. Si no blanquean a sus empleados en ese lapso, la sanción trepa a 1500 pesos por empleado. El ministerio ya impuso multas por 57 millones de pesos. Pero Casavelos remarcó que “el objetivo no es recaudar, sino cambiar una cultura de precarización”.

Un planteo habitual que reciben los inspectores es que el Estado tiene personal en negro. “El Estado no tiene personal en negro, y está en un proceso de incorporación de contratados en base a un acuerdo con los sindicatos”, se defendieron desde esa cartera.

La inspección

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Top 15 de empleo no registrado

1: Inspecciones de 2005 y 2006 / * TNR: Trabajo no registrado

Fuente: Ministerio de Trabajo.