Viernes, 9 de marzo de 2007 | Hoy
Un informe de la UIA, advirtiendo que un alza de salarios pone en riesgo el proceso de inversión y desalienta la incorporación de personal, encendió la mecha. La CGT y la CTA salieron al cruce, afirmando que los empresarios quieren mantener una sociedad desigual.
La suba del mínimo no imponible para el pago del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia busca acercar las posiciones de las empresas y los sindicatos en la discusión sobre el ajuste salarial. Ese aporte del Estado, que en dinero se traduce en unos 1500 millones de pesos anuales (ver nota aparte), se presenta cuando el debate acerca del porcentaje de alza de los sueldos ha empezado a ponerse más tenso. La UIA difundió ayer un informe advirtiendo que los gremios deberían ser prudentes en sus pedidos para no poner en riesgo el proceso de inversión y crecimiento económico. A la vez, ese documento fue refutado por Héctor Recalde, diputado y asesor de la CGT, y por Claudio Lozano, también diputado y economista de la CTA.
La Unión Industrial Argentina advirtió que la competitividad del sector manufacturero está “en riesgo”, debido al incremento de los costos salariales. En un documento dirigido a establecer un marco de moderación a los reclamos salariales de los gremios, la entidad presidida por el empresario Héctor Méndez sostiene que “el costo laboral está tendiendo a igualar el valor de la productividad laboral en niveles similares a los de 1997 y 1998”. En otras palabras, el documento sostiene que el nivel de los salarios que paga el sector casi iguala al valor de los bienes que generan los obreros fabriles, de modo que no resultaría conveniente a las empresas incorporar trabajadores. El informe se denomina “Productividad y Salarios en la Industria” y fue elaborado por el economista de la UIA, Diego Petrecolla.
Recalde salió al cruce de esa conclusión, al cuestionar ese informe y destacar que “nosotros tenemos otro estudio de la CGT que, afortunadamente, muestra que a la industria le ha ido muy bien, que ha tenido una alta tasa de rentabilidad y que aumentó la productividad”. Para agregar que “eso ayuda a la difusión de un convenio colectivo porque existe posibilidad de distribuir”. El presidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja argumentó que con “datos del Indec, en 2005 la industria tuvo una rentabilidad de aproximadamente el 22 por ciento y en 2006, del 21 por ciento”. El legislador detalló que “hay algunas ramas de la industria, y ésta es una fuente incuestionable porque es de la Bolsa de Comercio, como la siderurgia, que tuvo una rentabilidad superior al 40 por ciento”.
Por su parte, Lozano explicó que “la UIA representa a los sectores más fuertes con capacidad de exportar, que tienen una importante participación y condensan mercados monopólicos. Casualmente esas empresas con mayor productividad son las que expresa la entidad y son las que pueden pagar”, apuntó, para agregar que “las 525 firmas más grandes de la Argentina generan el 80 por ciento del valor agregado sectorial”, y son las que están en la UIA. El estudio –sostiene– “se parapeta en un argumento para ir con mayor dureza a las negociaciones, ya que desde la perspectiva de los sectores más concentrados, no se tiene que alterar la distribución del ingreso”. “Ellos no quieren perder el acumulado de beneficios que lograron con la devaluación. Dicen: ‘No queremos retornar a los niveles de productividad previos a la devaluación’. Su modelo es con esta desigualdad”, explicó.
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