El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, solicitó se separe de sus cargos al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y a la directora de Precios del Indec, a quienes les imputa los delitos de “falsedad ideológica de instrumento público” y “violación del secreto estadístico”. Garrido cree haber probado, tras una actuación que incorporó más de treinta declaraciones testimoniales y frondosa documentación interna del Indec y del Ministerio de Economía, que Moreno logró acceder al listado de comercios que encuesta el Indec, información a la cual su cargo no lo autorizaba conseguir. Pero además, siempre según el fiscal, habría falseado junto a Paglieri los comunicados del índice de precios emitidos este año por el Indec.

Además de pedir la separación de sus cargos de los funcionarios “para que no obstaculicen la investigación”, el dictamen recomienda que a ambos se les prohíba el ingreso al edificio donde funciona el Indec, en la intersección de la Avenida Julio A. Roca Sur y Perú, “en atención a los comportamientos comprobados y la subsistencia de los artilugios y artificios que ha instaurado ilegalmente” para la confección de los índices de precios, “violando el secreto estadístico y haciendo insertar en instrumentos públicos información falsa”. El secreto estadístico está garantizado por la ley 17.622, fundacional del Indec, de enero de 1968, y su violación tiene una sanción en el Código Penal de hasta cuatro años de prisión. Más grave aún es la tipificación penal del delito de falsificación de instrumento público.

El documento elaborado por Garrido ya fue notificado al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Carlos Stornelli, que tienen a su cargo la causa judicial por una denuncia de los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales.

Entre los elementos de prueba que recolectó el fiscal resulta clave la declaración del ex titular del Indec Lelio Mármora. El ex funcionario cuenta que Moreno le pidió “la lista de comercios a los que el Indec encuestaba para poder desarrollar su acción de control”.

Según obra en el expediente, “Mármora se negó a dicho pedido, explicándole que esa información estaba contemplada dentro del secreto estadístico”. Ante esa negativa, Moreno “pidió entonces la totalidad de la información de relevamiento de precios, con toda la desagregación”, a la cual la respuesta desde el Indec fue que se le iba a brindar esa información “previo analizar si algunos de esos datos no se hallaban comprendidos en la misma prohibición”.

Luego de varias idas y vueltas, la relación entre el titular del Indec y Moreno se tensó al máximo. “En un estilo más duro, no amable”, el secretario de Comercio acusó a Mármora de “falta de colaboración” y lo amenazó con que “iba a tener que informar”.

La presión fue tal que entonces Mármora decidió convocar a la comisión de consulta sobre secreto estadístico, que emitió un dictamen que fijó el alcance que podía suministrarse desde el Indec “sin mengua del secreto estadístico”.

Otro de los pasajes sobresalientes del dictamen se refiere a la declaración de Clyde Trabuchi, ex directora de Estadística de Condiciones de Vida, que dijo que Moreno la “abrumaba” con sus cuestionamientos respecto de la metodología con que se elaboraba el índice de precios. Según testificó, el funcionario se quejaba de la forma en que se contabilizaba desde el precio del pan hasta la inclusión de productos estacionales como el durazno y la “falta de visualización en el IPC” de los acuerdos de precios con rebajas de indumentaria o los acuerdos con McDonald’s.

La situación habría llegado al límite cuando ingresó Beatriz Paglieri a cargo de la Dirección de Precios del organismo, en reemplazo de Graciela Bevacqua, presentándose como “delegada” de la ministra Felisa Miceli.

Distintos funcionarios técnicos narran en el expediente que Paglieri ordenó cambiar los datos de precios en verduras, prepagas y hotelería turística, en este caso tomando como “fuente” una carta de la Dirección Nacional de Turismo. La economista encargada de los precios del turismo se negó, y entonces Paglieri le ordenó que hiciera un “simulacro” con la nueva información. Mayúscula fue su sorpresa cuando descubrió que “ese simulacro fue la variación que a nivel hotelería se puso arbitrariamente en el índice de enero de 2007”. En los meses subsiguientes la modalidad se repitió para hotelería y paquetes turísticos (alojamiento y excursiones).

También figura en la investigación preliminar de Garrido la denuncia de que Paglieri ordenó fotocopiar los formularios relevados por los encuestadores de los datos de alquileres, con la intención de conocer dónde se habían realizado las consultas. Y que se incorporó personal externo no calificado al área de “entrada de datos”. El fiscal menciona el caso del “Batata Entry”, en alusión a un custodio de Paglieri que luego pasó a revistar como “data entry” (quien ingresa los datos al sistema), lo cual permitió que gente de confianza de la funcionaria accediera a “los formularios donde figura la identidad de los informantes (Indec) y se anotan los datos relevados”.

Garrido explica que la ansiedad de Moreno por conocer cuáles eran los negocios encuestados por el Indec apuntaba a que después pudieran visitar a esos mismos comercios los inspectores de la Secretaría de Comercio, para forzar así una baja en los precios.