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En el período 2001-2006 YPF distribuyó dividendos en efectivo por 8200 millones de dólares, lo que significa que en apenas seis años Repsol recuperó más de la mitad de lo que desembolsó para adquirir el 99 por ciento de las acciones de la ex petrolera estatal. Esa montaña de dinero que fue a la caja o al bolsillo de accionistas contrasta con el bajo nivel de inversiones que, según el Gobierno y la mayoría de especialistas, realizó la compañía en los últimos años. Por otra parte, debido a la menor presión impositiva a las ganancias que hay en la Argentina respecto de España y a la negativa del Gobierno a corregir distorsiones tributarias que conoce, por esas utilidades giradas al exterior el fisco local resignó varios cientos de millones de dólares que igualmente fueron pagados por la petrolera o sus accionistas pero a fiscos de España u otros países.

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales dependiente de la Bolsa de Comercio, entre 2001 y 2006 las empresas domésticas repartieron ganancias en efectivo por 10.028 millones de dólares, de los cuales más del 80 por ciento correspondieron a YPF, que a efectos del estudio fue considerada una firma doméstica. Lo cierto es que los 8199 millones de dólares fueron remesados a la casa matriz de Repsol en España, que de esta manera recobró en muy poco tiempo el 55 por ciento de los 15.100 millones de dólares que pagó por YPF en 1999.

Es llamativo que ese total abonado por la compañía sea superior a la valuación de 12.000 millones de dólares sobre la que Repsol basa las negociaciones de venta de un 25 por ciento al grupo Eskenazi, desprendimiento que se completaría con otro 20 por ciento que colocarán en la Bolsa. Más llamativo aún resulta esa diferencia en menos por 3000 millones de dólares si se tiene en cuenta que el precio del crudo es hoy mucho más elevado que entonces. La explicación que dan los entendidos –el ex subsecretario de Combustibles Gustavo Calleja, por ejemplo– es que la empresa cuenta hoy con muchas menos reservas en el subsuelo. Y si uno de los determinantes de esa caída es la falta de inversión, entre las causas claves está que un monto enorme de utilidades fueron distribuidas en lugar de reinvertidas en exploración.

Una alta fuente de la empresa que fue consultada al respecto señaló que “los dividendos distribuidos suponen una rentabilidad financiera de la inversión inferior al 6 por ciento anual, que es una rentabilidad sensiblemente inferior a la de los bonos argentinos”. En cuanto a la relación entre las ganancias distribuidas y las reinvertidas, sostuvo que “los dividendos repartidos representan un 28,4 por ciento de los fondos generados por YPF en ese período, mientras que un 32,9 por ciento se destinó a inversiones”. El resto fue en partes casi iguales al pago de deuda y de impuesto a las ganancias. Según la fuente, “la rentabilidad real de la inversión en YPF es inferior al promedio de las petroleras internacionales”.

No es eso lo que se desprende del hecho de haber recuperado en sólo seis años más de la mitad de lo desembolsado (que dicho sea de paso Repsol financió tomando deuda barata). Más allá de eso, en el Gobierno están convencidos de que YPF en particular, y las empresas extranjeras en general, reinvierten muy poco de lo que ganan. Es inevitable vincular esa idea a la advertencia que el presidente Néstor Kirchner expresó el jueves en la cumbre del Mercosur en Asunción, cuando dijo que las empresas energéticas “van agotando poco a poco nuestra paciencia”.

Lo contradictorio es que el Gobierno se queja por el escaso nivel de reinversión pero no se decide a adoptar algunas medidas que tiene en carpeta para inducir los cambios deseados. Página/12 accedió a un memorándum que está hace por lo menos un par de meses en poder del jefe de gabinete, Alberto Fernández, titulado precisamente “Reformas parciales para promover la reinversión de utilidades de las filiales de empresas extranjeras en la Argentina y mejorar la equidad del sistema tributario”. Lo que el documento recomienda a tal efecto son modificaciones en el impuesto a las ganancias.

Dice el memo: “Dado que en los países desarrollados, donde suelen radicarse las casas matrices de las multinacionales y sus propietarios, las alícuotas máximas a las ganancias de las personas físicas son mayores que la vigente en la Argentina, con cada remesa de utilidades y dividendos que realizan las filiales locales a sus centrales se transfieren cuantiosos recursos fiscales de fuente argentina. Estos recursos sólo benefician a los fiscos de los países desarrollados sin contraprestación alguna a favor de nuestro país”.

El documento ejemplifica con el caso más relevante, que es obviamente el de YPF, y por lo tanto la comparación es con España. Mientras que aquí la alícuota máxima para ganancias de las personas tanto físicas como jurídicas es 35 por ciento, en España las personas físicas pagan el 45 por ciento si se suma como corresponde el gravamen general más la alícuota de los gobiernos autónomos. Dice el memo: “Repsol-YPF filial argentina ganó en el 2005 la suma de 5337 millones de pesos, generando un pago de impuesto a las ganancias por 1867 millones (el 35 por ciento), y en España los propietarias de las acciones deben pagar 538 millones más” debido a los 10 puntos porcentuales de presión adicional (cabe aclarar que el accionista español puede deducir lo que su compañía pagó en la Argentina de ganancias por sus acciones).

El ejemplo supone que se distribuyen en efectivo todas las ganancias, que no es lo que sucede. Pero si se aplica el razonamiento a lo que ocurre en la realidad, se llega a que en seis años el gobierno argentino resignó a manos del fisco español el 10 por ciento de los dividendos que remesó YPF, es decir 820 millones de dólares.

Para obturar ese drenaje se proponen dos medidas complementarias. Por un lado elevar la alícuota máxima para las personas físicas, lo que habilitaría al país a establecer retenciones al giro de dividendos al exterior de forma tal de equiparar la carga del impuesto a lo que el accionista de la multinacional paga en el país de origen. “En caso de que se subiera la alícuota –dice el documento– del 35 al 40 por ciento, correspondería retener 7,7 por ciento sobre las utilidades remitidas al exterior, y este mecanismo estaría, además, respetando los acuerdos internacionales vigentes que permiten entre un 10 y un 15 por ciento de imposición adicional a los dividendos y utilidades enviados al exterior”. Al español que tiene acciones de Repsol no le cambiaría nada, pero la AFIP recuperaría parte de lo que hoy se le cede a su par de España.

Además de eso, los cambios propuestos “generan incentivos que estimulan a las filiales de empresas extranjeras a reinvertir sus utilidades en vez de remitirlas a sus casas matrices”.

El tributarista Jorge Gaggero comparte la idea de elevar la presión sobre las personas, por el motivo desarrollado en esta nota y por otras razones de equidad tributaria. En un trabajo que publicará en breve el Cefidar en coautoría con Claudio Casparrino y Emiliano Libman, se hace referencia a la inexplicable pérdida de recursos fiscales que se escurren en el giro de dividendos al exterior por parte de multinacionales, y que es estimado en 700 millones de dólares por año (el cálculo anterior de 820 millones sólo por YPF corresponden a un sexenio). Gaggero plantea que en simultáneo al aumento de presión a las ganancias de los individuos se debería disminuir el gravamen para las empresas para alinearla estructura tributaria a la tendencia a nivel mundial.

En el Gobierno no sólo se conoce el tema sino también se comparte la necesidad de adoptar las medidas aconsejadas. Si no lo hacen, es tal vez por el temor a la reacción de los “opositores” que el citado memo enumera: “la percepción de las países de origen podría ser negativa por la pérdida de recursos de sus fiscos”; “los ricos locales perceptores de grandes ganancias y los ejecutivos de altos ingresos verían aumentadas sus obligaciones y se opondrían a la medida”.

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