Alberto Muller es el coordinador académico del Plan Fénix. Su visión sobre el rol de YPF es que podría actuar como operadora privada, pero la renta petrolera debería volver a manos del Estado. Lo mismo dice sobre el diseño de la política energética. “Lo que tenemos hoy es algo disparatado que no funciona”, se queja.

–¿El Gobierno debería reestatizar YPF o al menos comprar una parte?

–Discutir primero sobre la vuelta del Estado empresario en materia de hidrocarburos es poner el carro delante de los caballos. El tema es la renta petrolera y el diseño de la política energética, que tienen que estar en manos del Estado. Acá tenemos contratos de libre disponibilidad de los recursos y eso no puede ser. En lugar de ello se podrían firmar contratos de servicios para que los privados hagan la tarea operativa de extraer el petróleo y el gas. Si las empresas aceptan esas reglas no habría problemas. Argentina es uno de los pocos países del mundo que privatizó totalmente el petróleo.

–¿Cómo se explica que Repsol YPF tenga fuertes ganancias y al mismo tiempo caigan las reservas de petróleo y gas?

–No se entiende. Sus costos de extracción son de 10-12 dólares y reciben 35-40 dólares por el barril de crudo. Con esos márgenes de ganancias hay que hacerse otra pregunta: por qué están dispuestos a vender hasta el 45 por ciento de YPF. ¿Será porque saben que acá no hay más petróleo o porque creen que será más rentable explotarlo en otro lado? El Gobierno debería averiguarlo.

–¿El Gobierno tiene herramientas legales para exigir más inversiones?

–No demasiadas. Hay quienes dicen que la legalidad de las concesiones es dudosa. La peor herencia es la descentralización provincial. La empresa en lugar de enfrentarse con el Estado nacional negocia con cada provincia como se le da la gana. Por eso ocurren hechos como las extensiones de contratos que vimos en Santa Cruz y Chubut.

–¿Qué opina de eso?

–No estoy de acuerdo porque son contratos que ratifican las condiciones actuales. Además, esas provincias rompieron un frente que debería ser nacional para negociar en otras condiciones.

–¿Cuándo terminará la escasez energética?

–Yo soy un poco menos tremendista que el promedio. La situación más crítica debería pasar pronto. El año que viene, si el Gobierno logra poner en marcha las dos centrales eléctricas, debería haber un alivio importante.

–¿Cuál será el impacto de la crisis en la economía?

–Si el episodio se resolviera en poco tiempo no sería nada terrible. Es probable que el ritmo de crecimiento industrial caiga algo, tal vez medio punto. Un problema adicional es que la escasez se está administrando bastante mal. Hay consumos excedentes que se podrían disminuir. Nadie pide dejar la Ciudad a oscuras, pero se podrían reducir ciertos gastos en iluminación pública. Si cada familia apagara una lamparita de 50 se ahorrarían 500 mega, que es más o menos un tercio del déficit actual. Pero debería haber una campaña para crear conciencia. Habría que blanquear la situación y generar una discusión pública clara.

–¿Cuál es la solución de fondo?

–Desde un punto de vista conceptual, la oferta energética desregulada en manos del sector privado no tiene sentido. Es algo disparatado que no funciona. El sector privado puede ser operador, pero la planificación debe ser responsabilidad del Estado.