En medio de un clima de enfrentamiento, el presidente de Bolivia, Evo Morales, clamó por la unidad nacional. “Hago un llamado a todo el pueblo boliviano, incluidas las fuerzas armadas, a defender la unidad del país”, manifestó ayer. Su pedido coincidió con el anuncio del gobierno central de congelar las cuentas fiscales a la región de Santa Cruz, en momentos que la oposición cruceña sigue adelante con un referéndum para obtener su autonomía el 4 de mayo. Aunque el diario local La Prensa informó que la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) está formando una guardia civil de más de 15 mil personas para garantizar la consulta, un líder de esa organización desmintió la versión. “No se va a organizar ningún ejército. Somos pacíficos. Pero Evo no se va a quedar 500 años en el poder”, aseguró a Página/12 Tomás Monasterio. Desde la confederación indígena Cidob respondieron que van a defenderse con arcos y flechas de cualquier ataque de los unionistas.

Tras acudir sin mayores resultados a la mediación de la Iglesia, la OEA y los países “amigos” del Cono Sur para desactivar el plebiscito autonómico de la oposición, Morales optó ayer una vez más por recurrir a la población pero también a las fuerzas armadas. “Quiero decirles, comandantes, que sigo impresionado por los recursos naturales que tiene el pueblo boliviano, esta madre tierra, y que es nuestra obligación defender la unidad del país”, dijo en el 45º aniversario de la Escuela Naval, creada medio siglo después de que el país perdiera su salida al Pacífico en una guerra con Chile.

En respuesta a las palabras de Morales, la marina transmitió un mensaje de compromiso con la paz, el gobierno y la ley. “Somos el pueblo en armas, para resguardar la seguridad interna de nuestra población unidos monolíticamente bajo nuestra bandera tricolor. Quiero recordarles y pedirles que dejemos de lado nuestras diferencias y construyamos un futuro unidos”, señaló el comandante general de la Fuerza Naval, José Cavas. “Nuestra armada ha sabido recibir el respeto y admiración de propios y extraños en el cumplimiento de la misión que le asigna la constitución política del Estado”, agregó en un intento por distender el clima.

Pero ésa no es una tarea fácil. En una nueva escalada del conflicto, el gobierno boliviano anunció ayer que dejará de transferir recursos a Santa Cruz, luego de que ese departamento se desconectara hace dos semanas en forma unilateral del sistema informático que permitía al Estado controlar la ejecución de esa y otras prefecturas. “El Ministerio de Hacienda va a proceder a congelar esos recursos financieros (regalías del gas), va a eliminar las transferencias que el Tesoro estaba efectuando a la Prefectura de Santa Cruz”, anticipó en rueda de prensa el titular de esa cartera, Luis Alberto Arce.

Mientras tanto, el opositor Comité Pro Cívico Santa Cruz continúa a toda marcha con los preparativos de su referendo, a pesar de que carece de aval de la Corte Nacional Electoral así como del Congreso, según lo exige la Constitución. En este contexto, la Unión Juvenil Cruceñista, acusada numerosas veces de golpear a campesinos, volvió a estar en el centro de las controversias, después de que su presidente David Sejas confirmara semanas atrás al diario La Prensa que los universitarios y las juntas vecinales están conformando una guardia civil.

Según la prensa local, un ex comandante de la policía departamental, Wilfredo Torrico, brindó una charla para las brigadas que funcionarían a partir del próximo lunes. “Nos vamos a reunir por la noches en las canchas polifuncionales para entrenarnos sobre las movilizaciones y la propia vigilia de los recintos electorales”, explicó Torrico. En junio del año pasado el líder de la UJC, Wilberto Zurita, había llamado a la formación de un “ejército democrático”.

Desde Santa Cruz, ayer las versiones fueron contradictorias. Mientras que Antonio Tudela, uno de los 15 presidentes del comité cruceño, admitió a este diario que están convocando estudiantes para defender las urnas, Brian Costas, el asesor de prensa de ese organismo, dijo a Página/12 que sólo se los estaba capacitando para observar el proceso electoral. Asimismo, Tomás Monasterio, uno de los máximos líderes de la UJC, negó a este diario que hubiera un plan de seguridad. Monasterio reconoció que su organización albergó a gente violenta, pero, según él, ya no.

Informe: Juan Manuel Barca.