Desde México, D. F.

La narcopolítica encontró sustento legal. El Congreso mexicano borró la posibilidad de anular elecciones de presidente de la República, diputados y senadores si se rebasan los topes del financiamiento de campañas o si hay desvío de fondos públicos. Planteado así, no era tan desproporcionada la intención de senadores demócratas estadounidenses que intentaron condicionar el apoyo de la administración Bush a la Iniciativa Mérida para el combate al narcotráfico que implicaban la supervisión de las policías y las fuerzas armadas mexicanas, además de la rendición de cuentas sobre los fondos que serían destinados a este país.

La Cámara de Representantes en Washington volvió a aprobar 400 millones de dólares para apoyar a México en la guerra contra los cárteles de la droga (100 millones menos que la propuesta original) y otros 65 millones para países centroamericanos. México había rechazado los intentos de senadores demócratas por condicionar la entrega de recursos. El plan original destinaba 500 millones de dólares en asistencia para el gobierno mexicano, a principios de mes el Senado lo redujo a 350 y lo condicionó severamente. El jueves, la Cámara de Representantes volvió a elevar la cuota e intentó moderar el lenguaje de las condiciones unilaterales.

Al día siguiente, en México, los votos de los senadores del PAN y del PRI rechazaron los cambios que la Cámara de Diputados había introducido a la Ley General de Medios de Impugnación. Durante el último día del período extraordinario, con el voto del PRI y del PAN, se echó abajo ese cambio que los diputados habían hecho y que facultaban a las salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados, de senadores o de presidente de Estados Unidos Mexicanos por rebasar los topes de campaña o por el desvío de recursos público para financiar campañas electorales.

Aun cuando los diputados mexicanos aprobaron reformas en materia electoral a leyes secundarias que permitirán la apertura del secreto bancario, con objeto de fiscalizar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, el retroceso de los senadores podría complicar aún más la aprobación final de la Iniciativa Mérida, que tiene por delante un largo trecho. La minuta corregida en Wa-shington por los representantes el jueves pasado regresa al Senado para su revisión. Si los senadores estadounidenses quedan conformes y la aprueban sin ninguna otra modificación, sería enviada al presidente George W. Bush para su promulgación, pero si la llegan a cambiar ambas cámaras tendrían que votarla nuevamente.

Se prevé que la discusión en el Senado estadounidense se concentre en convencer a todos de que las “consultas” y mecanismos ordenados para vigilar que la asistencia no sea empleada por fuerzas de seguridad que han violado los derechos humanos no son las mismas “condiciones” que en ese tono ya habían sido rechazadas por México.

Para algunos analistas en este país, la Iniciativa Mérida dejó de ser una prioridad para la administración de Calderón, que parecería más interesada en esperar a que Estados Unidos elija nuevo presidente en noviembre y tener un nuevo interlocutor con vigencia política por los cuatro años siguientes, que coinciden con el resto del mandato del presidente mexicano.

Pero la preocupación de muchos más –en ambos lados de la frontera– se relaciona con el futuro de la estabilidad de México, país que cada vez se encuentra más sumido en una espiral de violencia que parece inacabable. La influencia del narcotráfico parece haber encontrado en camino para acceder al poder del Congreso, que levantó las restricciones al financiamiento electoral, así como los beneficiarios de ese financiamiento, hoy candidatos, mañana gobernantes.